La UIF refuerza controles sobre inmuebles y suma nuevas alertas para detectar lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó una resolución que endurece los controles sobre el mercado inmobiliario y obliga a los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país a aplicar un enfoque basado en riesgos para detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La medida, que entra en vigencia de forma gradual, alcanza a más de 200 registros distribuidos en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahora, estos organismos deberán identificar, evaluar y mitigar riesgos específicos asociados a cada operación de compraventa, cesión o constitución de derechos reales sobre inmuebles.

¿Qué cambia en la práctica?

Los registros ya no solo actuarán como meros anotadores de documentos. Deberán analizar si la operación presenta “banderas rojas” definidas por la UIF y, en caso afirmativo, reportarlas de inmediato como Operación Sospechosa (OS). Entre las nuevas alertas figuran:

• Pagos en efectivo o con criptoactivos por montos elevados sin justificación económica aparente.
• Intervención de personas jurídicas con estructuras opacas, domicilios fiscales en paraísos fiscales o beneficiarios finales no identificados.
• Discrepancias importantes entre el valor declarado de la operación y el valor fiscal o de mercado del inmueble.
• Operaciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) o sus familiares sin una explicación clara del origen de los fondos.
• Compra de inmuebles por parte de sociedades recién constituidas sin actividad económica previa.

La resolución incorpora además la obligación de realizar capacitaciones periódicas al personal registral y de conservar la documentación por al menos diez años.

Contexto argentino

El mercado inmobiliario local ha sido históricamente uno de los canales preferidos para blanquear dinero, especialmente en épocas de cepo cambiario y alta inflación. Según informes previos de la UIF, un porcentaje relevante de las operaciones sospechosas reportadas en los últimos años involucraba bienes raíces en CABA, Nordelta, Pinamar y barrios cerrados del interior.

Con esta norma, la Argentina busca alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en su última evaluación señaló debilidades en la supervisión del sector inmobiliario.

Impacto para compradores y vendedores

Para la mayoría de las operaciones habituales —una familia que compra su primera casa con crédito hipotecario o un jubilado que vende su departamento— prácticamente no habrá cambios. Los controles se centran en operaciones de alto riesgo.

Sin embargo, quienes paguen en efectivo sumas importantes o utilicen sociedades sin sustancia económica pueden esperar mayores pedidos de documentación y, eventualmente, demoras en la inscripción. Los escribanos y martilleros, que ya tienen obligaciones como “sujetos obligados”, también deberán extremar los recaudos.

Desde la UIF señalaron que el objetivo no es complicar las transacciones legítimas sino cerrar una de las vías que aún se usan para mover dinero de origen ilícito. La resolución se publica en el Boletín Oficial este lunes 10 de agosto de 2026 y los registros tendrán 90 días para implementar los nuevos protocolos.

La medida forma parte de un paquete más amplio de actualizaciones normativas que la UIF viene impulsando desde 2024 para fortalecer el sistema argentino antilavado.