Cómo serán las privatizaciones de Milei: el Gobierno reglamentó el proceso de inscripción
La Oficina Nacional de Contrataciones publicó los detalles del registro para participar en las subastas de empresas públicas. Quiénes pueden inscribirse, qué documentación se necesita y cómo impacta en el proceso de transferencia al sector privado.
El gobierno de Javier Milei dio un paso concreto para avanzar con su plan de privatizaciones. La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) reglamentó este miércoles el sistema de inscripción para todos aquellos que quieran participar en las subastas de empresas y activos públicos previstos en la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado.
La resolución publicada en el Boletín Oficial establece un registro unificado que alcanza a tres grupos: nuevos interesados, concesionarios actuales e inscriptos en registros vigentes. El objetivo es agilizar el proceso y generar mayor transparencia en la transferencia de compañías estatales al sector privado.
Según el texto oficial, los interesados deberán completar un formulario electrónico en el que se detallan datos de la empresa, experiencia previa en el sector, capacidad financiera y declaración jurada de no tener incompatibilidades. La ONC tendrá 30 días hábiles para evaluar cada solicitud y emitir una resolución de admisión o rechazo.
Entre las empresas que podrían entrar en este esquema se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina, y varias firmas del sector energético y de transporte que aún mantienen participación estatal. El Ejecutivo ya había avanzado con la conversión de varias de ellas en sociedades anónimas para facilitar su venta.
Desde el sector privado, analistas consultados coinciden en que la reglamentación es un avance necesario, aunque advierten que el éxito dependerá de la confianza inversora y de las condiciones económicas generales del país. "Sin un marco macro estable, las privatizaciones corren el riesgo de quedar desiertas o de atraer solo jugadores locales con poca capacidad", señaló un ejecutivo del sector que pidió reserva.
La medida también contempla la posibilidad de que los concesionarios actuales de servicios públicos puedan renovar o ampliar sus contratos a través del mismo mecanismo, lo que podría generar polémica en casos como el de las autopistas o el transporte ferroviario.
Para las startups y pymes tecnológicas argentinas, el proceso abre una ventana indirecta: varias de las empresas a privatizar podrían necesitar modernización digital, lo que representa oportunidades en software de gestión, ciberseguridad y sistemas de ticketing, entre otros.
El Gobierno estima que el primer llamado a subasta podría concretarse antes de fin de año, aunque fuentes cercanas al Ministerio de Economía admiten que el timing dependerá de cómo evolucione la inflación y el acuerdo con el FMI.
Este reglamento marca el comienzo formal de uno de los ejes centrales del programa libertario: achicar el Estado y transferir al sector privado actividades que, según Milei, no le corresponden al gobierno administrar.