Crecen los juicios laborales: proyectan casi 138.000 nuevos casos en 2026

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en los primeros siete meses de 2026 se registraron 72.525 nuevas demandas laborales en todo el país. Si se mantiene el ritmo actual, el año cerraría con casi 138.000 juicios, un nivel que sigue siendo preocupantemente alto para el sector asegurador y las empresas.

El informe de la UART, difundido esta semana, muestra que la litigiosidad laboral no da señales de desaceleración. Aunque algunos analistas esperaban una baja tras los cambios normativos de años anteriores, la realidad indica que las demandas por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y despidos continúan ingresando a los juzgados a un ritmo sostenido.

"El ritmo de ingresos sigue en niveles elevados", advirtió la entidad que nuclea a las ART. Este dato cobra especial relevancia en un contexto económico donde muchas pymes y grandes empresas ya enfrentan costos elevados por indemnizaciones y primas de seguro.

Por qué no baja la conflictividad laboral

Especialistas consultados coinciden en que varios factores explican esta tendencia. Por un lado, la cultura litigiosa instalada en Argentina hace décadas. Por otro, la dificultad para llegar a acuerdos extrajudiciales rápidos y la percepción de que los tribunales siguen siendo un camino más ventajoso para los trabajadores.

Además, la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios empujan a muchos empleados a reclamar montos mayores, incluso en casos que antes se resolvían de forma amistosa. En el AMBA, donde se concentra la mayor parte de los juicios, el fenómeno es aún más marcado.

Desde la UART destacan que, si bien se observa cierta estabilización respecto al pico de años previos, el volumen sigue siendo incompatible con un sistema eficiente. Cada juicio implica costos administrativos, pericias médicas y tiempos de espera que rondan los dos o tres años en promedio.

Impacto en las empresas y las ART

Para las aseguradoras, este nivel de demandas se traduce en mayores reservas técnicas y, eventualmente, en ajustes de las primas que pagan las compañías. Muchas empresas medianas ya reportan que el costo de las ART representa una carga significativa dentro de sus gastos operativos.

En el sector productivo, especialmente en industrias con mayor riesgo como construcción, logística y manufactura, el aumento de juicios genera cautela a la hora de contratar personal. Algunos empresarios admiten en off the record que prefieren tercerizar servicios antes que sumar empleados en planta fija, precisamente por el riesgo de un eventual reclamo laboral.

¿Hay margen para cambios?

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas indican que se sigue trabajando en mecanismos de mediación obligatoria y en agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, cambios estructurales profundos parecen lejanos en el corto plazo. La Corte Suprema ha fallado en varias oportunidades a favor de limitar ciertos excesos indemnizatorios, pero el impacto de esas sentencias aún es limitado en los tribunales de primera instancia.

Desde organizaciones de trabajadores se argumenta que el alto número de juicios refleja, más que una cultura litigante, la cantidad de situaciones irregulares que se dan en el mercado laboral argentino: falta de prevención de accidentes, empleos en negro y presiones indebidas.

La realidad es que, con 72.525 demandas en siete meses, el sistema se encuentra tensionado. Si la proyección de casi 138.000 juicios para todo 2026 se confirma, será necesario un debate serio sobre cómo hacer más eficiente el acceso a la justicia laboral sin que eso implique resignar derechos.

Mientras tanto, tanto empresas como trabajadores y aseguradoras conviven con un escenario que genera costos elevados y demoras prolongadas. La pelota, una vez más, parece estar en la cancha de los tres poderes del Estado para encontrar soluciones concretas y sostenibles.