Universidades recibirán $3,6 billones menos de lo que establece la ley
El Gobierno nacional enviará un presupuesto que queda muy por debajo de lo que indica la normativa vigente, con el aval tácito del Congreso. Los rectores reclaman dos veces y media más de lo propuesto.
El presupuesto destinado a las universidades nacionales para 2027 será de $3,6 billones inferior al monto que fija la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo busca eludir la norma con un respaldo tácito del Congreso, mientras los rectores advierten que el proyecto oficial cubre apenas el 40% de las necesidades reales.
Según la planificación elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el sistema universitario requiere alrededor de dos veces y media más de lo que propone el proyecto de ley de Presupuesto. Esta brecha no es un detalle técnico: compromete el funcionamiento diario de las casas de altos estudios, el pago de salarios docentes y no docentes, el mantenimiento de edificios y la continuidad de las investigaciones.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2024, establece un mecanismo de actualización automática que vincula el incremento presupuestario al crecimiento del PIB y a la inflación. Sin embargo, el Gobierno optó por un esquema que no respeta esa fórmula, lo que genera una caída real en los recursos asignados. Este recorte se produce en un contexto de alta inflación acumulada y de aumentos de costos que superan ampliamente las actualizaciones otorgadas hasta ahora.
Los rectores de las universidades nacionales vienen advirtiendo desde hace meses sobre el riesgo de un colapso. Las partidas para gastos corrientes (luz, gas, insumos de laboratorio y mantenimiento) ya se encuentran en niveles críticos en varias instituciones. En algunos casos, se ha tenido que reducir el horario de atención en bibliotecas, suspender obras de refacción y postergar compras de equipamiento.
Desde el CIN sostienen que el presupuesto propuesto no alcanza ni para cubrir los incrementos salariales paritarios ya acordados. Esto genera una presión adicional sobre las universidades, que deben decidir entre pagar salarios o mantener los servicios básicos. La situación es especialmente delicada en las universidades del interior, que tienen menos margen para generar recursos propios.
El aval tácito del Congreso es clave en esta ecuación. A pesar de que la ley está vigente, no se observa una voluntad política clara para exigir su cumplimiento. Las comisiones parlamentarias han recibido a rectores y gremios universitarios, pero hasta el momento no se tradujo en modificaciones concretas al proyecto oficial.
En Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de las más afectadas por la magnitud del recorte en términos absolutos. Sus autoridades advirtieron que, de no mediar una rectificación, se verán obligadas a reestructurar fuertemente su oferta académica y de extensión.
El conflicto se suma a las tensiones que ya existen en el sector educativo. Durante los últimos meses hubo marchas, clases públicas y documentos firmados por decanos y directores de institutos que alertan sobre el desfinanciamiento crónico. Para los referentes universitarios, el presupuesto no es solo una cifra: define el futuro de la formación de profesionales, la generación de conocimiento y la movilidad social que históricamente ha representado el sistema público argentino.
Expertos en política educativa consultados coinciden en que un ajuste de esta magnitud no se resuelve con medidas aisladas. Requiere una definición clara sobre el rol que el Estado quiere dar a las universidades en los próximos años. Mientras tanto, las casas de estudio siguen funcionando con recursos insuficientes y una gran dosis de ingenio y esfuerzo de su comunidad.
La discusión presupuestaria entrará en las próximas semanas en su fase más caliente en el Congreso. Allí se definirá si se respeta la ley vigente o si, por el contrario, se consolida un nuevo recorte que cambiará la ecuación financiera de las universidades para el año que viene.