Gremios universitarios alertan por una nueva trampa en la Ley de Presupuesto

Los principales gremios universitarios advierten que el Gobierno nacional prepara una maniobra para eludir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Universitario Nacional a través de la Ley de Presupuesto que se enviará al Congreso en las próximas semanas.

Según s sindicales, el temor es que el Ejecutivo intente incluir una cláusula que derogue, modifique o postergue la aplicación plena de la norma sancionada a fines de 2024, que establece un aumento gradual del presupuesto destinado a las universidades públicas hasta alcanzar el 1,2% del PBI en 2026.

La Ley de Financiamiento fue uno de los logros más importantes del movimiento universitario tras las masivas movilizaciones de 2024. Sin embargo, su implementación plena quedó condicionada al Presupuesto anual. Ahora, los sindicatos sostienen que el macrismo-kirchnerismo que sostiene al Gobierno busca una “trampa” para no cumplir con los incrementos previstos.

“Estamos ante una nueva estafa presupuestaria”, señaló un dirigente de la CONADU Histórica. “La ley dice una cosa, pero el Presupuesto puede decir otra. Si no se garantiza la partida, la norma queda en letra muerta”.

Los reclamos no se limitan solo al financiamiento global. Los docentes e investigadores también exigen una recomposición salarial urgente. Los sueldos de los profesores adjuntos con dedicación exclusiva rondan hoy los 650.000 pesos, muy por debajo de la canasta básica familiar. La brecha con la inflación acumulada desde diciembre de 2023 supera el 45%.

Ante este panorama, las organizaciones sindicales ya anunciaron un nuevo plan de lucha. Incluye paros de 24 y 48 horas para las próximas semanas y una gran marcha nacional universitaria hacia el Congreso cuando se trate el Presupuesto 2027.

“Si el Gobierno cree que nos vamos a quedar quietos mientras desfinancian la universidad pública, se equivoca de plano”, afirmaron desde la Federación de Docentes Universitarios (FEDUBA). “La universidad no se negocia”.

Desde el sector oficial se argumenta que el ajuste fiscal es indispensable para estabilizar la economía y que cualquier aumento en el gasto universitario debe estar dentro de las posibilidades reales del Estado. Sin embargo, para los gremios esto representa un retroceso en el derecho a la educación pública gratuita y de calidad.

La pulseada se da en un contexto de fuerte conflictividad en todo el sector educativo. En las últimas semanas ya hubo medidas de fuerza en varias facultades del país por problemas edilicios, falta de becas y atraso salarial.

Los próximos días serán clave. El Gobierno debe enviar el proyecto de Ley de Presupuesto antes del 15 de septiembre. Los gremios ya se preparan para analizar artículo por artículo y salir a denunciar cualquier intento de modificar la Ley de Financiamiento.

Para las universidades nacionales, el resultado de esta discusión definirá no solo el presupuesto de 2027, sino el futuro inmediato de la educación superior pública en la Argentina.