Tensión fiscal: Caputo “escondió” un gasto de $1,1 billón en bonos para pagar la deuda con CABA

La decisión del Ministerio de Economía de Luis Caputo de saldar la deuda con la Ciudad de Buenos Aires mediante bonos y letras capitalizables en lugar de transferencias directas de coparticipación generó una nueva grieta fiscal. Según datos que circulan en el sector, el monto acumulado desde enero ya supera los $1,1 billones y no aparece reflejado de manera transparente en las cuentas públicas.

Todo se originó en la cautelar de la Corte Suprema que en 2022 ordenó restituir a CABA el 2,95% de la masa coparticipable que Alberto Fernández le había recortado. Durante la gestión de Sergio Massa se cumplieron las transferencias, pero desde diciembre el equipo de Javier Milei optó por suspender los giros directos y reemplazarlos por títulos públicos.

¿Qué significa “pagar con bonos”?

En criollo: en vez de girar plata de la cuenta del Tesoro a la de la Ciudad, el Gobierno emite deuda (letras y bonos que devengan intereses) y se la entrega a Horacio Rodríguez Larreta primero y ahora a Jorge Macri. Esos papeles se pueden vender en el mercado o usar como garantía, pero no son cash inmediato. Técnicamente, el gasto se “esconde” del resultado primario porque no impacta en el déficit del día a día, aunque genera pasivos futuros.

Según estimaciones de consultoras privadas, solo en los primeros cinco meses del año el stock de deuda con CABA ya acumula más de $1,1 billón. Ese número no aparece en las estadísticas de gasto primario que el Gobierno celebra cada mes como superávit. Es un clásico recurso contable que permite mostrar números más prolijos a costa de patear el problema hacia adelante.

Desde el Palacio de Hacienda argumentan que la medida busca mantener el superávit fiscal a rajatabla y que los bonos son una forma legítima de cancelar obligaciones. “No estamos dejando de pagar, estamos cambiando la forma”, deslizaron off the record. Sin embargo, economistas opositores y hasta algunos oficialistas admiten en privado que se trata de una maniobra para no romper el superávit primario que Milei convirtió en bandera.

El antecedente y la tensión política

La relación entre Nación y CABA nunca fue fácil, pero la llegada de Milei la tensó aún más. La Ciudad, gobernada por el PRO, se convirtió en uno de los pocos distritos que se anima a criticar públicamente algunas medidas del Gobierno nacional. La deuda coparticipable se transformó en moneda de cambio política: cada vez que Macri sube el tono, desde el Ejecutivo recuerdan que “hay formas más o menos amigables de pagar”.

El problema no es solo contable. Al recibir bonos en lugar de recursos frescos, la Ciudad debe salir a venderlos en el mercado secundario, muchas veces con descuento. Eso implica menos plata efectiva para pagar sueldos, obras o servicios. En un contexto de ajuste brutal en las provincias, CABA no es la excepción: también siente la sequía de fondos.

¿Es legal?

La cautelar de la Corte es clara: la Ciudad debe recibir el porcentaje correspondiente de coparticipación. No especifica la forma de pago, lo que le da al Ejecutivo un margen para maniobrar. Pero varios constitucionalistas advierten que pagar con bonos no equivale a “restituir” los fondos. Es, en los hechos, una forma de diferir el pago y licuar su valor real con inflación e intereses.

Desde el Gobierno porteño prefieren no escalar el conflicto públicamente. Jorge Macri viene manteniendo un perfil bajo en la discusión fiscal, aunque en privado se quejan de que les están pagando “con papelitos” una deuda que la Justicia ordenó saldar en efectivo.

El contexto macro

Este movimiento se da en medio de un superávit fiscal que el Gobierno muestra como su mayor logro. Para mantenerlo, Economía está recortando todo lo que puede: jubilaciones, obras públicas, transferencias a provincias y, ahora, también la coparticipación de CABA. El resultado es un Estado más chico, pero también más tensionado con los distritos.

La pregunta que queda flotando es hasta cuándo se podrá sostener esta estrategia. Si la Corte decide endurecer su posición o si la Ciudad decide judicializar los pagos en bonos, el conflicto puede escalar rápido. Por ahora, Caputo gana tiempo y mantiene el superávit. Pero los $1,1 billones de deuda en títulos no desaparecen: solo cambian de mano y de nombre.

En una economía que todavía no termina de estabilizarse, seguir pateando deudas de un lado al otro puede funcionar en el corto plazo. La duda es qué pasará cuando esos bonos empiecen a vencer y el Tesoro tenga que hacerse cargo de pagarlos de verdad.