RIGI: la UIA pide que el 20% de los proveedores sea argentino mientras el RIMI sigue sin arrancar

La Unión Industrial Argentina (UIA) elevó una propuesta concreta a la Cámara de Diputados para que los grandes proyectos que se acojan al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) estén obligados a contratar al menos un 20% de proveedores argentinos. La iniciativa busca generar una base sólida de proveedores locales en sectores como energía, minería, petróleo y gas, pero llega en un momento complicado: el Régimen de Incentivos para la Inversión de las Pequeñas y Medianas Empresas (RIMI) aún no está operativo.

Según el documento presentado, la UIA propone la creación de un “Registro Nacional de Proveedores para el RIGI” que funcione como una base de datos pública y verificable. La idea es que las grandes empresas que accedan a los beneficios impositivos y aduaneros del RIGI tengan que demostrar que al menos el 20% del valor de sus compras de bienes y servicios provenga de firmas argentinas. Este porcentaje podría escalar en proyectos de mayor madurez o según el sector.

El reclamo no es nuevo. Desde que se aprobó la Ley de Bases, las cámaras industriales vienen alertando que el RIGI, tal como está diseñado, podría generar “enclaves” de inversión con escasa integración local. “No queremos que sean islas de modernidad rodeadas de atraso”, sintetizó un dirigente industrial en off the record.

El RIMI, todavía en stand-by

Mientras se discute la integración de proveedores para los grandes jugadores, el RIMI —el régimen pensado específicamente para las pymes— sigue sin ver la luz. Según fuentes cercanas a la Agencia de Recaudación (ARCA), el programa de beneficios impositivos y de acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas todavía no fue habilitado de manera operativa. Esto genera frustración en el sector: las pymes, que representan la mayor parte del tejido productivo argentino, quedan fuera de los incentivos mientras se definen las reglas para los megaproyectos.

La demora en el RIMI no es solo administrativa. Fuentes del Ministerio de Economía admiten en privado que aún falta definir los montos de inversión mínima, los sectores prioritarios y, sobre todo, cómo se articulará con el RIGI para evitar solapamientos o competencias desleales entre grandes y chicos.

¿Qué dice la propuesta de la UIA?

La iniciativa presentada incluye varios puntos concretos:

• Creación de un registro único de proveedores locales calificados.
• Obligación de un 20% mínimo de integración local en las compras de los proyectos RIGI.
• Mecanismos de capacitación y desarrollo para que las pymes puedan cumplir con los estándares técnicos y de calidad exigidos por las grandes firmas.
• Auditorías anuales para verificar el cumplimiento del porcentaje de proveedores argentinos.

Desde la UIA argumentan que sin una cláusula de este tipo, los beneficios del RIGI terminarán yéndose casi íntegramente al exterior, ya sea en compras de equipamiento o en servicios de ingeniería. “No se trata de proteccionismo, se trata de desarrollo productivo”, sostienen.

El contexto económico que complica todo

La discusión llega en un momento de fuerte contracción industrial. Según los últimos datos del INDEC, la actividad manufacturera cayó 12,3% interanual en los primeros meses del año. En ese contexto, las pymes son las que más sufren: muchas trabajan al 50% de su capacidad y con serias dificultades para acceder a financiamiento.

Por eso, desde el sector pyme piden que el RIMI no quede como una mera declaración de buenas intenciones. “Primero hay que activar el régimen para las chicas, después podemos hablar de cómo integrarnos a los grandes proyectos”, planteó un referente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

¿Qué puede pasar de acá en adelante?

La propuesta de la UIA será analizada en las comisiones de la Cámara de Diputados en las próximas semanas. Desde el oficialismo mostraron apertura para incorporar “ajustes” al RIGI, siempre que no impliquen una modificación sustancial de la ley. En el sector privado, en cambio, hay quienes advierten que agregar requisitos de integración local podría desincentivar las inversiones que el Gobierno busca atraer con urgencia.

La tensión es clara: por un lado, la necesidad de mostrar resultados rápidos en materia de inversiones. Por el otro, la presión para que esas inversiones generen empleo y desarrollo genuino en la Argentina. Mientras el RIMI sigue en el limbo, la discusión sobre el 20% de proveedores locales se convirtió en el nuevo frente de batalla entre grandes inversores, pymes e industria nacional.

En criollo: sin pymes fuertes no hay cadena de valor que valga. Y por ahora, esa parte de la película todavía no empezó a rodar.