Obras sociales perdieron más de un millón de afiliados desde 2023 y tensionan la salud pública

Las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de afiliados desde noviembre de 2023, según datos oficiales a los que accedió El Insignia. La cifra exacta es de 1.028.412 beneficiarios menos, un retroceso que coincide con la caída del empleo registrado y el aumento sostenido del costo de las coberturas.

En criollo: cada vez más familias que antes tenían obra social ahora dependen del sistema público. Y eso no es un detalle administrativo, es un cambio que se siente en las guardias, en los tiempos de espera y en la presión sobre los hospitales y centros de salud.

El problema no es solo numérico. El empleo formal viene cayendo desde hace meses y, con él, la capacidad de pagar una cuota que en muchos casos subió por encima de la inflación. Muchas empresas optaron por dar de baja a sus empleados o directamente cerrar, dejando sin cobertura a miles de familias. Al mismo tiempo, las obras sociales ajustaron sus valores para sostener el servicio, lo que aceleró la salida de afiliados.

Según fuentes del sector, el traslado se concentra en el interior del país y en sectores de ingresos medios-bajos. En el AMBA la caída es menor pero también se nota, sobre todo en obras sociales sindicales más pequeñas. El resultado es que el sistema público, que ya venía tensionado, recibe ahora una demanda extra que no estaba presupuestada.

La realidad es más aburrida de lo que parece: no hay un éxodo masivo por “descontento” con la calidad de las prestaciones, sino una cuestión económica pura y dura. Cuando el sueldo no alcanza, la primera cosa que se recorta es la cuota de la obra social. Y ahí el Estado termina absorbiendo el costo a través de hospitales públicos y programas como el Remediar o las prestaciones de PAMI para quienes logran migrar.

Esto no significa que todas las obras sociales estén en la misma situación. Las más grandes, ligadas a sindicatos poderosos, resisten mejor. Pero las medianas y pequeñas están en terapia intensiva: menos afiliados, mismos costos fijos (médicos, medicamentos, tecnología) y una inflación que no da respiro.

Desde el Ministerio de Salud reconocen en off the record que el movimiento está generando “tensión operativa” en varias provincias. En Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ya se ven colas más largas y demoras en turnos no urgentes. Los centros de salud barriales, que deberían ser la primera puerta de entrada, están saturados.

¿Qué se viene? Por ahora, el Gobierno mantiene la línea de “no aumentar el gasto público” y las obras sociales intentan retener afiliados con descuentos y planes más baratos. Pero si la tendencia de pérdida de empleo registrado continúa, es probable que la presión sobre el sistema público siga creciendo.

En paralelo, crece el debate sobre cómo financiar la salud de quienes ya no pueden pagar una cobertura privada ni obra social. Algunas voces proponen subsidios cruzados más fuertes; otras, directamente, una reforma estructural del sistema de obras sociales que hoy parece más cerca de la utopía que de la realidad.

Lo concreto es que, hoy por hoy, más de un millón de argentinos que tenían cobertura social ya no la tienen. Y ese millón termina, tarde o temprano, en una sala de espera pública. La cuenta la paga el sistema entero: más tiempo de espera, más desgaste de los profesionales y, en muchos casos, peor salud poblacional a mediano plazo.

La solución no parece sencilla ni barata. Mientras tanto, las familias que perdieron la obra social improvisan: algunos vuelven al hospital público después de años, otros recurren a mutuales baratas con coberturas limitadas, y muchos simplemente postergan controles y tratamientos.

El dato de los 1.028.412 afiliados menos no es solo una estadística. Es el termómetro de una crisis que ya se siente en las guardias y que, si no se atiende, puede complicar todavía más el acceso a la salud en la Argentina de 2026.