Motosierra a las provincias: el mayor ajuste en envíos discrecionales en 20 años

El ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei no solo se siente en la administración central. En junio de 2025, las provincias recibieron el golpe más duro en dos décadas en materia de envíos discrecionales.

Según datos oficiales, los giros no automáticos cayeron un 87,7% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior. Todavía más elocuente: no se registró una sola transferencia en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un instrumento que históricamente se usó para asistir a distritos con problemas de caja.

El contexto del ajuste

Desde que asumió, la administración libertaria puso el foco en el superávit fiscal como objetivo central. Para lograrlo, además de recortar gasto en la Nación, decidió aplicar la motosierra también sobre las transferencias a provincias que no están previstas por ley (las automáticas, como coparticipación, sí se mantienen).

En criollo: el Gobierno eligió no girar recursos discrecionales. Eso incluye obras públicas, subsidios específicos, compensaciones y, sobre todo, los ATN que antes servían de colchón para gobernadores en apuros.

El resultado es el ajuste más fuerte registrado desde al menos 2005, según cálculos de consultoras y del propio Ministerio de Economía. En junio, el monto real transferido fue apenas una fracción de lo que se enviaba en años anteriores.

Cómo impacta en las provincias

No todas las provincias sufren por igual. Las que dependen menos de la coparticipación y tienen mejor recaudación propia (como CABA, Córdoba o Santa Fe) resienten menos el golpe. Las más vulnerables, en cambio —muchas del Norte Grande y algunas patagónicas—, ven cómo se complican sus cuentas.

Varios gobernadores ya advirtieron que el recorte los obliga a ajustar por su cuenta: recortar obra pública, postergar pagos o incluso discutir paritarias más duras. Algunos ya empezaron a negociar con el Ejecutivo nacional compensaciones vía otros canales, aunque con poco éxito hasta ahora.

¿Es sostenible este nivel de ajuste?

Acá es donde se complica. Si bien el superávit primario se mantiene, el costo político y social del ajuste en el interior crece. Las provincias son responsables de salud, educación y seguridad, áreas que no pueden desaparecer por decreto.

La realidad es más aburrida: sin transferencias discrecionales, muchas gobernaciones se ven obligadas a aumentar impuestos locales o a recortar servicios. Ninguna de las dos opciones es popular.

Desde el oficialismo argumentan que este es el único camino para ordenar las cuentas públicas después de décadas de déficit crónico. “No hay plata”, repiten. Desde la oposición sostienen que el ajuste recae desproporcionadamente sobre los que menos tienen y que el Gobierno está usando la motosierra de manera indiscriminada.

Qué viene ahora

El segundo semestre será clave. Con la recesión golpeando la recaudación y las demandas sociales creciendo, el Gobierno deberá decidir si mantiene este nivel de ajuste o si comienza a abrir la mano con algunos ATN selectivos para evitar crisis en distritos específicos.

Por ahora, la motosierra sigue encendida. Las provincias, mientras tanto, aprietan los dientes y buscan cómo sobrevivir con menos recursos de la Nación.

Esto no significa que el ajuste sea injustificado. Significa que sus consecuencias están recién empezando a verse en el mapa federal argentino. Y que, como casi siempre en economía, no hay almuerzos gratis: alguien paga la cuenta.