Las pymes piden incentivos al consumo y financiamiento accesible para paliar la crisis

La crisis que atraviesa el sector de las pequeñas y medianas empresas no es nueva, pero en los últimos meses se profundizó de manera alarmante. Según datos que maneja la propia CAME, la actividad cayó fuertemente en los primeros meses del año y el consumo sigue deprimido. Por eso, durante el 40° Encuentro de la Pequeña y Mediana Empresa que se realizó esta semana, los dirigentes del sector volvieron a levantar la voz con reclamos concretos.

En primer lugar, pidieron incentivos al consumo. No se trata de subsidios generalizados ni de medidas populistas, sino de mecanismos que permitan reactivar la demanda interna sin desequilibrar las cuentas públicas. Cuando la gente no compra, las pymes no venden, no producen y terminan ajustando por el lado del empleo. Es una cadena que ya conocemos demasiado bien.

El segundo punto fue el reclamo de financiamiento accesible. Hoy las tasas de interés siguen siendo prohibitivas para la mayoría de las empresas que quieren invertir o simplemente capital de trabajo. Sin crédito productivo a tasas razonables, es muy difícil pensar en recuperación. La brecha entre lo que paga un plazo fijo y lo que cobra una pyme por un préstamo sigue siendo escandalosa.

Además, reclamaron un nuevo consenso fiscal. El actual sistema de coparticipación y la presión tributaria acumulada sobre las empresas chicas es insostenible. Las pymes terminan siendo las que más aportan en términos relativos, mientras que la informalidad y las grandes empresas encuentran caminos para pagar menos. Un nuevo pacto fiscal no es un capricho: es una necesidad para que el país tenga reglas de juego estables por más de dos años.

El cuarto eje fue la lucha contra la competencia desleal. Esto incluye desde las importaciones que entran sin control hasta el comercio ilegal, las ventas por redes sociales sin facturación y la competencia de productos que no cumplen ninguna norma. CAME viene insistiendo hace años con este tema y, por ahora, los resultados son magros. Si no se convierte en una política de Estado sostenida en el tiempo, las empresas formales seguirán perdiendo terreno.

El encuentro tuvo presencia política importante pero asimétrica. Estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo, ningún funcionario de primera línea del Gobierno nacional asistió al evento. Esta ausencia fue notada y comentada en los pasillos. En un contexto donde las pymes representan más del 70% del empleo privado registrado, la falta de diálogo directo con la Casa Rosada genera preocupación.

Desde el punto de vista económico, los reclamos de CAME no son radicales. Son los mismos que vienen haciendo hace años, con distintos gobiernos. El problema no es la falta de diagnóstico: es la dificultad para implementar medidas que no choquen con el objetivo central de estabilizar las cuentas públicas. Porque incentivar el consumo y dar créditos blandos suele implicar algún tipo de gasto o renuncia fiscal, al menos en el corto plazo.

La realidad es que las pymes están haciendo malabares. Muchas redujeron personal, achicaron stocks, postergaron inversiones y sobreviven con lo justo. Otras directamente cerraron. Según la propia CAME, en los últimos 12 meses cerraron más de 15.000 comercios. No son números abstractos: son familias que quedan sin ingresos y barrios que se vacían de actividad económica.

¿Cuál es el camino entonces? Probablemente una combinación de medidas fiscales inteligentes (bajar la presión sobre el consumo popular), líneas de crédito específicas para sectores críticos (como la industria y el comercio de cercanía) y una política comercial más agresiva para defender el mercado interno. Nada de esto es revolucionario, pero requiere voluntad política y coordinación entre Nación, provincias y Ciudad.

Mientras tanto, las pymes siguen esperando. No piden subsidios eternos ni privilegios. Piden reglas claras, competencia leal y condiciones mínimas para poder competir. En un país donde el 99% de las empresas son pymes, atender esos reclamos no es un gesto de generosidad: es una política de sentido común.