La Justicia de EE.UU. condenó a la Argentina a pagar más de u$s390 millones por Aerolíneas Argentinas
La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó el fallo a favor del fondo Titan Consortium, que reclama por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. El Estado argentino deberá abonar más de 390 millones de dólares.
La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia en Washington confirmó este miércoles el fallo que obliga al Estado argentino a pagar más de 390 millones de dólares al fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas ocurrida en 2008.
La decisión judicial representa un nuevo revés para las arcas públicas, en un contexto de fuerte presión sobre las reservas del Banco Central y las negociaciones con el FMI. Según el fallo, la compensación asciende a 392 millones de dólares más intereses acumulados desde hace años.
El origen del conflicto
Todo comenzó cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió estatizar Aerolíneas Argentinas, que en ese momento estaba en manos del grupo español Marsans. La expropiación se concretó a través de la Ley 26.466. El Estado argentino argumentó que la aerolínea se encontraba en estado de abandono y que era un servicio estratégico.
Marsans, sin embargo, inició un arbitraje internacional ante el CIADI y también litigios en tribunales de Nueva York y Washington. Con el paso de los años, los créditos y demandas fueron adquiridos por fondos de inversión, entre ellos Titan Consortium, un vehículo de inversión que compró parte de esas acreencias.
La decisión de la Cámara de Apelaciones
Los jueces de la Cámara de Apelaciones rechazaron los argumentos de Argentina, que buscaba revertir la sentencia de primera instancia. El tribunal consideró que la expropiación se realizó sin una compensación justa e inmediata, violando estándares internacionales de protección de inversiones.
“La República Argentina no cumplió con su obligación de pagar una compensación adecuada por la toma de la aerolínea”, sostiene el fallo al que tuvo acceso El Insignia.
Impacto en las cuentas públicas
El monto de 390 millones de dólares (que con intereses podría superar los 500 millones) representa una cifra significativa para el Tesoro. Fuentes del Ministerio de Economía consultadas indicaron que se analizará la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque las chances de que el máximo tribunal acepte el caso son consideradas bajas.
Este fallo se suma a otras sentencias internacionales contra el Estado argentino, como las relacionadas con los holdouts de la deuda soberana y reclamos de empresas energéticas. En total, el stock de demandas contra la Argentina en tribunales extranjeros supera los 10.000 millones de dólares.
Consecuencias para Aerolíneas Argentinas
Más allá del pago, la sentencia no implica cambios en la propiedad ni en la operación de la aerolínea de bandera, que continúa bajo control estatal. Sin embargo, cada pago de este tipo reduce los recursos disponibles para subsidios al transporte aéreo, que en los últimos años han superado los 2.000 millones de dólares anuales.
Desde el sector privado, analistas sostienen que este tipo de litigios desincentivan la inversión extranjera en sectores estratégicos. “Nadie quiere invertir en un país donde luego el Estado puede expropiar sin pagar lo que corresponde”, señaló un ejecutivo del sector aerocomercial que prefirió mantener el anonimato.
Qué sigue ahora
El gobierno de Javier Milei deberá definir si acata el fallo, negocia un acuerdo con Titan Consortium o intenta una última apelación. Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que la prioridad es evitar el embargo de activos argentinos en el exterior, como cuentas bancarias o propiedades diplomáticas.
Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas sigue operando con fuerte déficit operativo. Según datos de la propia empresa, en 2024 las pérdidas superaron los 700 millones de dólares, financiadas con recursos del Tesoro.
El caso vuelve a poner en debate la conveniencia de mantener bajo control estatal empresas que históricamente han generado enormes pérdidas. Pero esa discusión, por ahora, queda postergada ante la urgencia de resolver el pago de la sentencia.