Gobierno incorpora utilidades del BCRA al Presupuesto pero pide al Congreso que limite su uso

El Gobierno nacional decidió incorporar al Presupuesto Nacional las utilidades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por un monto de $24,4 billones, que ya había tomado en mayo. La medida se formalizó esta semana mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la ley de Presupuesto 2025.

Con esta incorporación, los ingresos previstos para el año saltaron a $173,1 billones, mientras que los gastos se ubicaron en $147,2 billones. El resultado es un superávit primario proyectado de $25,9 billones, lo que representa un cambio significativo en las cuentas públicas.

Sin embargo, en un movimiento que genera curiosidad, el mismo Gobierno que utiliza esta herramienta ahora le está pidiendo al Congreso que limite su aplicación futura. Fuentes oficiales indicaron que se busca evitar que esta fuente de financiamiento se convierta en un mecanismo recurrente y poco transparente.

¿Qué son las utilidades del BCRA y por qué importan?

En términos simples, las utilidades del Banco Central surgen principalmente de la diferencia entre las tasas de interés que paga por sus pasivos (como las Leliq o pases) y los rendimientos que obtiene de sus activos (reservas, títulos públicos, etc.). En los últimos años, con alta inflación y emisión monetaria, estas utilidades se volvieron una herramienta clave para el Tesoro.

El problema es que no se trata de “dinero fresco” generado por la economía real. En muchos casos, estas utilidades son resultado de operaciones monetarias que, a la larga, pueden tener impacto inflacionario si no se manejan con cuidado.

El contexto del DNU y el pedido al Congreso

El DNU publicado esta semana no solo incorpora los $24,4 billones ya transferidos, sino que también ajusta las proyecciones fiscales. Según el equipo económico, esta medida contribuye a sostener el superávit fiscal sin necesidad de mayor endeudamiento o ajuste adicional en el corto plazo.

Al mismo tiempo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA y limitar la transferencia de utilidades al Tesoro. La idea es establecer reglas más claras y transparentes, evitando que futuros gobiernos usen esta vía como un atajo para financiar gasto sin control.

“Queremos superávit fiscal genuino, no basado en transferencias extraordinarias del Central”, habría señalado un funcionario cercano al ministro de Economía en conversaciones off the record.

¿Es consistente esta posición?

Desde el punto de vista de varios economistas, hay una contradicción aparente: se usa la herramienta ahora para mostrar números positivos, pero se pide limitarla para el futuro. Otros analistas consideran que es un paso responsable: se aprovecha un recurso disponible en el presente mientras se construyen instituciones más sólidas para el mediano plazo.

Lo cierto es que el debate en el Congreso no será sencillo. La oposición ya anunció que analizará con lupa el DNU y el proyecto de ley, especialmente en un contexto donde la inflación, aunque en baja, sigue siendo un tema sensible para los argentinos.

Qué significa para el bolsillo de la gente

En criollo: que el Gobierno muestre superávit fiscal es importante porque reduce la necesidad de seguir emitiendo pesos. Menos emisión, en teoría, ayuda a contener la inflación. Pero si la restricción de las utilidades del BCRA termina generando mayor presión tributaria o recorte de gasto en el futuro, el impacto podría sentirse en jubilaciones, obras públicas o subsidios.

Por ahora, el mensaje oficial es de orden fiscal. Queda por ver si el Congreso acompañará la limitación de esta herramienta o si, por el contrario, se genera un nuevo foco de tensión política.

El movimiento combina pragmatismo inmediato con una señal de largo plazo. Si se aprueba la limitación, podría ser uno de los pocos puntos de acuerdo entre el oficialismo y parte de la oposición en materia económica. Si se rechaza, el Gobierno habrá usado una vía que luego pretende cerrar para otros.

En cualquier caso, el debate sobre cómo financiar el Estado sin depender del Banco Central está nuevamente sobre la mesa. Y esta vez, con números concretos y un DNU de por medio.