El Gobierno eliminó restricciones para el patentamiento de desarrollos biotecnológicos
Mediante una resolución del INPI, se derogó una norma de 2015 que limitaba las patentes en biotecnología. La medida busca fomentar la innovación y atraer inversiones al sector agropecuario.
El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), derogó una resolución vigente desde 2015 que imponía restricciones al patentamiento de desarrollos biotecnológicos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca eliminar barreras que, según el Ejecutivo, frenaban la innovación y la llegada de inversiones al sector.
La resolución derogada establecía limitaciones específicas sobre qué aspectos de los organismos vivos o materiales biológicos podían ser patentados, alineándose con una interpretación más restrictiva de la ley de patentes. Desde el INPI sostienen que estas limitaciones colocaban a la Argentina en desventaja frente a países de la región que adoptaron marcos más flexibles.
"Esta modificación apunta a fortalecer el sistema de propiedad industrial, promover la inversión en investigación y desarrollo, y mejorar la competitividad del sector agropecuario, uno de los pilares de nuestra economía", indicaron fuentes oficiales. El agro representa una porción clave de las exportaciones argentinas y la biotecnología es central en la mejora de semillas, resistencia a plagas y adaptación al cambio climático.
¿Qué cambia en la práctica?
Hasta ahora, los desarrolladores enfrentaban obstáculos para patentar invenciones relacionadas con microorganismos, procesos biológicos y material genético. La nueva norma amplía el alcance de lo patentable, lo que podría alentar a empresas locales e internacionales a registrar sus innovaciones en el país en lugar de optar por Brasil, Uruguay o Estados Unidos.
Especialistas consultados coinciden en que el cambio puede atraer capital extranjero, pero advierten sobre la necesidad de equilibrar la protección de la propiedad intelectual con el acceso al conocimiento y la biodiversidad. Organizaciones ambientalistas y de agricultores familiares expresaron preocupación por una posible concentración mayor de poder en manos de grandes corporaciones semilleras.
El contexto regional y global
Argentina ha sido históricamente un jugador relevante en biotecnología agrícola. La aprobación de la soja transgénica en los '90 y el desarrollo posterior de variedades locales posicionaron al país como referente. Sin embargo, en los últimos años varios vecinos actualizaron sus marcos regulatorios para volverse más atractivos a la inversión en I+D.
La resolución del INPI se enmarca en una serie de medidas del actual Gobierno orientadas a desregular distintas áreas de la economía con el objetivo de reactivar la inversión privada. En el sector tecnológico y de la bioeconomía, el mensaje es claro: menos trabas burocráticas para quien innova.
Posibles impactos en el agro argentino
Para PyMEs y startups biotecnológicas locales, el cambio podría significar mayor protección de sus desarrollos y, por ende, mayor chance de conseguir financiamiento. Por el lado de las multinacionales, elimina una incertidumbre regulatoria que muchas veces las llevaba a patentar sus innovaciones en otros países y luego importarlas a la Argentina.
Desde el sector productivo, se espera que esto acelere la llegada de nuevas tecnologías que permitan aumentar rendimientos, reducir el uso de fitosanitarios y adaptarse mejor a las condiciones ambientales cambiantes. Sin embargo, analistas advierten que el impacto real dependerá de cómo se implemente la nueva norma y de los recursos que el INPI destine a evaluar las solicitudes con agilidad y rigor técnico.
El desafío ahora es que esta mayor apertura al patentamiento se traduzca efectivamente en más investigación, más empleo calificado y más valor agregado en el país, y no solo en un mayor registro de patentes de origen extranjero.
