El comercio ilegal en Argentina ya mueve u$s32.000 millones al año

Un informe reciente volvió a poner en evidencia la magnitud del comercio ilegal en la Argentina: ya mueve alrededor de 32.000 millones de dólares por año, lo que equivale a casi el 6% del PBI nacional.

El estudio, elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con la consultora Kantar, alerta sobre el fuerte avance de la falsificación, el contrabando y la venta sin facturación en rubros tan diversos como alimentos, bebidas, cigarrillos, ropa, calzado, electrónica y hasta medicamentos.

Los sectores más afectados

Según los datos, el rubro de alimentos y bebidas concentra una de las porciones más grandes del comercio ilegal. Productos falsificados o ingresados de contrabando compiten deslealmente con las marcas registradas, muchas veces sin los controles sanitarios mínimos. En bebidas alcohólicas y cigarrillos la situación es aún más grave: se estima que entre el 20 y el 30% del mercado opera fuera de la ley.

La indumentaria y el calzado también sufren con fuerza. Miles de prendas ingresan por pasos fronterizos sin declarar o se fabrican en talleres clandestinos, muchas veces en condiciones de explotación laboral. Esto no solo afecta la recaudación fiscal sino que distorsiona completamente la competencia.

Por qué crece el comercio ilegal

El informe señala varios factores que alimentan este circuito. La alta presión tributaria, los costos laborales elevados y la dificultad para competir con precios de productos que evaden todos los impuestos explican gran parte del fenómeno. A esto se suma la inflación crónica y la caída del poder adquisitivo, que empujan a una parte de los consumidores a buscar opciones más baratas sin preguntar por su origen.

“Cuando un producto legal tiene que cargar con IVA, Ingresos Brutos, Ganancias, aportes jubilatorios y aranceles de importación, es muy difícil competir con algo que no paga nada de eso”, resume un especialista del sector consultado para el estudio.

Impacto en el Estado y en las empresas

El Estado deja de percibir unos 10.000 millones de dólares anuales en impuestos que se evaporan en esta economía en negro. Pero el daño va más allá: las empresas formales pierden ventas, reducen inversiones y, en muchos casos, terminan achicando plantillas.

En el sector de alimentos, por ejemplo, la falsificación no solo roba mercado sino que genera riesgos sanitarios reales. Hay casos documentados de aceites comestibles adulterados, vinos con etiquetas falsas y hasta lácteos sin pasteurizar que circulan libremente en ferias y sitios de venta online.

El rol de las plataformas digitales

Un capítulo aparte merece el crecimiento del comercio ilegal a través de marketplaces y redes sociales. Cada vez es más frecuente encontrar ofertas de productos “réplica” o directamente falsificados en Instagram, Mercado Libre o Facebook Marketplace. La velocidad con la que se publican y eliminan los avisos dificulta los controles.

Desde la Cámara de Comercio piden mayor coordinación entre AFIP, Aduana, la Secretaría de Comercio y las plataformas para que haya una respuesta más rápida y efectiva.

¿Qué se puede hacer?

Los autores del informe proponen una batería de medidas que van desde la simplificación tributaria y la reducción de la presión impositiva hasta el endurecimiento de las penas por falsificación y contrabando. También sugieren campañas de concientización para que el consumidor entienda que comprar producto ilegal tiene un costo colectivo alto.

Mientras tanto, varias empresas de consumo masivo ya están invirtiendo en tecnologías de trazabilidad (códigos QR, blockchain, hologramas) para que el comprador pueda verificar en el momento si el producto es original.

La realidad es clara: mientras el comercio ilegal siga siendo tan rentable, va a seguir creciendo. Y cada punto que avanza en el mercado ilegal es un punto que se pierde para la economía formal, el empleo registrado y la recaudación que después falta para sostener los servicios públicos.

Bajar los costos de operar legalmente parece ser la única forma sostenible de achicar la brecha. Mientras eso no ocurra, los 32.000 millones de dólares seguirán fluyendo por canales que nadie controla y que terminan afectándonos a todos.