Deuda flotante: cómo el Gobierno normalizó los pagos en mayo tras cerrar la billetera en el primer trimestre

La deuda flotante de la administración central registró una caída interanual del 56% en mayo, según datos del Ministerio de Economía. Este indicador, que refleja compromisos pendientes de pago acumulados por el Estado, había alcanzado los $4 billones en marzo antes de que el Gobierno decidiera “cerrar la billetera” durante el primer trimestre.

En criollo: la deuda flotante es básicamente lo que el Estado debe pero todavía no pagó. Incluye facturas de proveedores, obras públicas en ejecución, transferencias a provincias y otros compromisos que se van acumulando mes a mes. Cuando sube mucho, suele ser señal de que las cuentas no cierran o de que se está pateando el pago para mostrar mejores números fiscales.

El dato de mayo marca un punto de inflexión. Después de un primer trimestre donde la administración central acumuló una deuda flotante récord de $4 billones, el Ejecutivo optó por normalizar los pagos. Fuentes oficiales indican que se priorizó el pago de obligaciones pendientes para evitar tensiones con proveedores y mantener la cadena de pagos en funcionamiento.

¿Por qué bajó tanto en términos interanuales?

La comparación con mayo de 2023 muestra una reducción drástica. El año pasado, en plena transición de gobierno y con una economía en crisis, los pagos pendientes se habían disparado. Este año, con una política fiscal más austera, el stock de deuda flotante se redujo sensiblemente. Sin embargo, economistas advierten que parte de esta baja puede explicarse por el fuerte ajuste del gasto público en los primeros meses del año.

“El Gobierno decidió patear pagos en el primer trimestre para mostrar superávit primario y luego fue soltando la billetera de a poco”, explica un analista del sector privado que pidió reserva. Según sus cálculos, el stock de deuda flotante aún se mantiene en niveles elevados en términos reales si se compara con promedios históricos.

El impacto en proveedores y obras públicas

Uno de los sectores más afectados por la acumulación de deuda flotante fue el de la construcción y los proveedores del Estado. Muchas empresas quedaron con pagos pendientes durante varios meses, lo que generó demoras en obras y problemas de liquidez. La normalización que se observa en mayo busca, precisamente, destrabar esa situación.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que se está cumpliendo con los plazos pactados y que la baja de la deuda flotante es una señal de que la gestión fiscal está ordenada. Sin embargo, analistas independientes sostienen que todavía falta transparencia en cómo se computan estos números y qué parte de la deuda se está financiando con otros mecanismos (como emisión de títulos o diferimiento de pagos).

El contexto macro: superávit y ajuste

Esta evolución de la deuda flotante se da en un marco donde el Gobierno celebra el superávit fiscal primario. El ajuste del gasto público fue uno de los pilares de la política económica actual. Al “cerrar la billetera” en los primeros meses, se logró contener el rojo fiscal, pero a costa de acumular obligaciones que luego hay que honrar.

La pregunta que surge es si esta normalización de pagos en mayo se podrá sostener en los próximos meses, especialmente si la recaudación no acompaña o si aparecen nuevas presiones de gasto (como en el área social o en provincias). Por ahora, los números oficiales muestran una mejora, pero los economistas coinciden en que la sostenibilidad dependerá de cómo evolucione la actividad económica en la segunda mitad del año.

En resumen, la deuda flotante bajó fuerte en términos interanuales y el Gobierno normalizó los pagos tras el ajuste del primer trimestre. Es una buena noticia en términos de ordenamiento de cuentas, aunque todavía hay que mirar con lupa cómo se mantiene ese equilibrio sin generar nuevas tensiones en la cadena de pagos del Estado.