Buenos Aires cobrará el uso del agua a barrios privados sin permisos

La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dio un paso concreto para regular el uso del recurso hídrico en los barrios privados que operan sin los permisos exigidos. A través de una resolución reciente, se estableció un régimen específico para estimar el consumo de agua y el vertido de efluentes en estos emprendimientos urbanísticos irregulares.

Hasta ahora, muchos countries y barrios cerrados que no habían completado los trámites ambientales correspondientes escapaban al pago del canon hídrico y de las tasas de control. Con esta medida, la ADA busca cerrar esa grieta y garantizar una gestión más sostenible del agua, un recurso cada vez más escaso en la región.

Cómo se va a calcular el consumo

El nuevo esquema establece metodologías de estimación basadas en la cantidad de lotes, viviendas construidas, superficie total y características de cada emprendimiento. No se trata de instalar medidores en cada casa de manera inmediata, sino de aplicar fórmulas estandarizadas que permitan facturar de forma equitativa mientras se regulariza la situación.

Según el organismo, el cobro incluirá tanto el uso del agua potable como el tratamiento de los efluentes que se vierten a cursos de agua o al sistema de alcantarillado. De esta manera se busca desincentivar el crecimiento desordenado de barrios privados sin la infraestructura hídrica adecuada.

Contexto y por qué ahora

La decisión no surge de la nada. En los últimos años se multiplicaron los desarrollos inmobiliarios en el Gran Buenos Aires y el interior de la provincia. Muchos de ellos avanzaron con la construcción sin esperar las aprobaciones ambientales, generando presión sobre napas, arroyos y plantas de tratamiento.

La medida también responde a una necesidad de equidad: mientras los usuarios residenciales regulares pagan sus facturas de agua a través de ABSA u otros prestadores, ciertos barrios privados operaban en una zona gris regulatoria.

Impacto en los barrios privados

Los desarrolladores y administraciones de estos emprendimientos tendrán que adecuarse al nuevo régimen. Aquellos que ya estén en proceso de regularización probablemente verán formalizado el pago. Los que no, enfrentarán un costo adicional que, según fuentes del sector, podría trasladarse a las expensas de los propietarios.

Desde la ADA aclararon que el objetivo no es castigar sino ordenar. La resolución habilita el cobro pero también establece un camino para que estos barrios presenten los estudios y proyectos necesarios para regularizar su situación ambiental.

La sostenibilidad del recurso como prioridad

Este anuncio se enmarca en una política más amplia de la provincia orientada a preservar el agua frente al cambio climático, el crecimiento demográfico y la contaminación. El canon hídrico no es un impuesto más: es una herramienta para financiar obras de infraestructura, tratamiento de efluentes y protección de cuencas.

Expertos en recursos hídricos consultados coinciden en que medir y cobrar el uso real (o estimado) es un paso básico para evitar el derroche. En barrios con piscinas, riego de parques y consumo elevado por habitante, el impacto en las napas puede ser significativo si no hay control.

Qué sigue

La resolución ya fue publicada y los barrios alcanzados por el nuevo régimen comenzarán a recibir las liquidaciones correspondientes en los próximos meses. Paralelamente, la ADA continuará fiscalizando los nuevos emprendimientos para que cumplan con la normativa desde el inicio.

En un contexto donde el agua se vuelve cada vez más estratégica, esta decisión marca un precedente: en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera los barrios privados escaparán al principio de "quien contamina o usa, paga".