A 30 años de la ART: por qué la litigiosidad en riesgos del trabajo está en récord histórico

A tres décadas de la sanción de la ley 24.557 que creó el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), la litigiosidad en la materia alcanzó niveles récord y se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza tanto para las compañías aseguradoras como para las propias empresas.

Según datos que manejan las ART, en los últimos años la cantidad de juicios por accidentes y enfermedades laborales creció de manera sostenida. En algunas jurisdicciones, más del 70% de los casos terminan en litigio, un porcentaje que dista enormemente del espíritu original de la norma, que buscaba agilizar las indemnizaciones y reducir la judicialización.

El reclamo central de las aseguradoras es claro: las provincias deben avanzar con la designación de los cuerpos forenses médicos. Sin peritos oficiales imparciales, las controversias sobre el nexo causal entre el trabajo y la patología se resuelven en los tribunales con peritos de parte, lo que genera demoras, costos y fallos muchas veces contradictorios.

"La mayor parte de la cuota que pagan las empresas no va a prevención ni a reparación, sino a provisionar juicios", explican desde el sector. Esto genera un círculo vicioso: las primas suben, las empresas se quejan del costo laboral y la prevención efectiva queda relegada.

Cómo funciona (o no) el sistema hoy

La ley de ART estableció un esquema de seguro obligatorio donde las empresas pagan una prima según su actividad y nivel de riesgo. A cambio, la ART se hace cargo de la atención médica, rehabilitación e indemnización en caso de accidente o enfermedad profesional. El objetivo era descomprimir al sistema judicial y garantizar respuestas rápidas al trabajador.

Sin embargo, con el paso de los años se fueron acumulando fallos de la Corte Suprema que ampliaron las responsabilidades (como el caso "Aquino" en 2004) y modificaron el esquema de indemnizaciones. A esto se sumó la proliferación de estudios jurídicos especializados en este tipo de reclamos, que muchas veces ofrecen "cobro por éxito" y publicitan servicios en obras y fábricas.

El resultado es que hoy, según estimaciones del sector, entre el 40% y el 60% de los recursos del sistema se destinan a litigiosidad en lugar de prevención o reparación directa. En provincias como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba los números son aún más altos.

El rol pendiente de las provincias

Las ART vienen reclamando hace años que las provincias cumplan con la obligación de designar cuerpos médicos forenses. Estos equipos deberían ser los encargados de determinar de manera objetiva el porcentaje de incapacidad y el nexo causal, reduciendo la discrecionalidad de los peritos de parte.

Hasta ahora, solo algunas jurisdicciones han avanzado en esta dirección con resultados positivos. Donde existen cuerpos forenses consolidados, la litigiosidad tiende a bajar entre 15 y 25 puntos porcentuales, según datos del sector.

"No se trata de limitar derechos de los trabajadores, sino de dar certidumbre y agilidad", sostienen desde las aseguradoras. Un diagnóstico médico oficial y rápido permitiría que las indemnizaciones se paguen sin necesidad de un juicio que puede durar años.

El impacto en las empresas

Para las pymes, el costo de las ART se ha convertido en un rubro cada vez más pesado. Muchas empresas terminan pagando primas elevadas no por su siniestralidad real, sino por el "riesgo litigioso" de su actividad o su ubicación geográfica.

Esto genera distorsiones: empresas del mismo rubro pagan primas muy diferentes según la provincia, lo que afecta la competitividad. Además, desincentiva la inversión en prevención, ya que el mayor gasto termina siendo financiero y no operativo.

Desde distintos sectores productivos vienen pidiendo una reforma integral del sistema que incluya actualización de baremos, límites claros a las indemnizaciones y, sobre todo, mecanismos ágiles de resolución de controversias.

Qué se puede hacer a 30 años de la ley

Los especialistas coinciden en que hace falta un consenso político que hoy parece lejano. Entre las medidas más mencionadas están:

• La generalización de los cuerpos médicos forenses en todas las provincias
• La actualización de los baremos de incapacidades, que datan de hace décadas
• La creación de instancias de mediación obligatoria previas al juicio
• Mayor fiscalización sobre los estudios jurídicos que incentivan la judicialización

Mientras tanto, el sistema sigue funcionando con un estrés cada vez mayor. Los trabajadores muchas veces esperan años para cobrar lo que les corresponde, las empresas pagan primas que no se condicen con su realidad preventiva y las ART destinan recursos crecientes a reservas para juicios.

A tres décadas de su creación, el sistema de riesgos del trabajo argentino muestra que una buena idea puede desnaturalizarse cuando falta voluntad política para mantener sus pilares básicos: rapidez, certeza y prevención real.

La pregunta que queda abierta es si, en un contexto económico complejo, alguien estará dispuesto a asumir el costo político de una reforma que, aunque técnica, siempre genera resistencias.