Se agota el margen para la motosierra: los límites del ajuste fiscal de Milei

El gobierno de Javier Milei logró mantener el superávit primario en julio de 2026, pero los números revelan que el grueso del ajuste posible ya fue ejecutado. Según el informe fiscal difundido esta semana, el superávit primario acumulado en los primeros siete meses alcanzó los 10,3 billones de pesos, equivalente a 0,9% del PBI. La proyección oficial indica que se cumplirá la meta anual de 1,4% prometida al FMI.

Sin embargo, si se restan los intereses de la deuda, el resultado financiero se reduce a apenas 0,1% del PBI. Esto deja en evidencia la fragilidad del equilibrio fiscal: los pagos de deuda consumen casi todo el superávit primario. En julio solo, se destinaron 2,7 billones de pesos a intereses, superando ampliamente los 1,6 billones invertidos en gastos de capital durante todo el período.

El ministro Luis Caputo celebró la reducción del 7% real en el gasto primario y la baja de impuestos acumulada de casi 3% del PBI. Pero para llegar a esas cifras, el ajuste se concentró en áreas específicas. Las transferencias a provincias cayeron 31% en términos reales. Los gastos de capital se hundieron a solo 0,1% del PBI, la cifra más baja desde el retorno de la democracia según estimaciones de BAPRO.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) ofrece una mirada clave al separar el gasto en dos grandes grupos. El 60% está indexado por ley: jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares. Allí el gasto subió 1,4% real interanual. El 40% restante —obras públicas, transferencias discrecionales, salarios estatales y gastos de funcionamiento— no tiene protección legal y sufrió una caída real del 7,5%. Es en este segundo grupo donde la “motosierra” operó con mayor libertad.

Según el IARAF, para sostener las rebajas impositivas y el equilibrio fiscal en 2026, se necesitará una nueva baja significativa del gasto no indexado. El grupo SBS coincide: “el grueso de la motosierra ya operó”. Lo que resta es un “ajuste quirúrgico” en partidas políticamente sensibles como subsidios a energía y transporte, planta estatal y transferencias a provincias, justo antes del ciclo electoral de 2027.

El problema se agrava porque el propio ajuste generó una caída de la actividad económica, que a su vez redujo la recaudación fiscal en 4,5% en términos reales. Esta retroalimentación negativa limita las posibilidades de mejorar los ingresos sin seguir recortando.

La consultora LCG advierte que, más allá de la voluntad oficial de mantener la disciplina fiscal, “será la tolerancia social la que termine marcando la magnitud y composición final del ajuste”. En un año preelectoral, los recortes en áreas sensibles pueden generar tensiones que compliquen la continuidad del proyecto libertario.

Los gastos de capital acumulados en dos años y medio de gestión representan solo 0,9% del PBI, una décima parte de lo registrado en períodos kirchneristas y menos que durante la crisis 2000-2003. Esto implica una fuerte retracción en inversión en infraestructura, vivienda, educación y saneamiento.

En criollo: el gobierno ya pasó la motosierra por casi todo lo que podía cortar sin chocar contra leyes o generar estallidos sociales inmediatos. Los márgenes se agotan. Mantener el superávit sin reactivar la economía se vuelve cada vez más cuesta arriba y políticamente riesgoso.

La estrategia del ajuste sin fin muestra sus límites. La pregunta que queda abierta es hasta dónde la sociedad tolerará seguir achicando el Estado en sus expresiones más visibles mientras la deuda y los intereses siguen comiendo gran parte de los recursos.