Rockhopper y Navitas acumulan cinco sanciones en la Argentina, ninguna bajo Milei

Las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, involucradas en la exploración petrolera en las Islas Malvinas, acumulan un historial de cinco sanciones por parte del Estado argentino entre 2012 y 2022. Ninguna de estas medidas fue aplicada durante la actual administración del presidente Javier Milei.

Según un relevamiento de Tiempo Argentino, las compañías británicas e israelíes recibieron castigos que incluyeron multas económicas y, en el caso más grave, la prohibición de operar en territorio argentino por 20 años. Esta última pena máxima se aplicó en 2020 por violaciones a la ley de hidrocarburos.

El conflicto se remonta a la decisión de estas firmas de avanzar con perforaciones en aguas que la Argentina considera de su soberanía. Tras la guerra de Malvinas de 1982, el país mantiene una posición firme contra cualquier actividad extractiva unilateral en la zona.

Las sanciones se produjeron bajo diferentes gobiernos: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. En 2012, por ejemplo, se iniciaron acciones administrativas por exploración sin autorización. Luego vinieron multas en 2016 y la prohibición en 2020, ratificada en instancias posteriores hasta 2022.

Desde el punto de vista legal, estas medidas se basan en la Ley 26.659, que regula la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental argentina y establece penas para quienes operen sin permiso en áreas disputadas.

En criollo: el Estado argentino viene aplicando la ley de manera consistente hace más de una década, independientemente del color político del gobierno de turno. Lo que cambió en los últimos años es el volumen y la visibilidad del conflicto, especialmente después de que Rockhopper ganara un juicio de arbitraje internacional contra el país en 2022 por más de 250 millones de dólares.

El actual gobierno de Milei, que asumió en diciembre de 2023, no ha aplicado nuevas sanciones a estas empresas. fuentes oficiales consultadas por Tiempo Argentino indican que el caso se encuentra en monitoreo, pero sin avances en nuevas penalidades.

Este historial revive el debate sobre cómo la Argentina debe manejar la actividad petrolera en la zona de Malvinas. Mientras algunos sectores proponen mayor firmeza diplomática y legal, otros advierten que las sanciones prolongadas pueden complicar futuras negociaciones o generar más litigios internacionales.

La realidad es que, más allá de las multas y prohibiciones, las empresas continúan con sus planes exploratorios desde las islas, amparadas en la legislación británica. La tensión entre soberanía y recursos naturales sigue sin resolverse después de más de 40 años del conflicto bélico.

El acumulado de estas cinco sanciones representa uno de los casos más extensos de penalización a compañías extranjeras en materia hidrocarburífera en la historia reciente del país.

Para los especialistas en derecho internacional, el tema se complica porque las sanciones argentinas no son reconocidas por el Reino Unido, lo que genera un limbo jurídico que suele terminar en tribunales de arbitraje.

El caso Rockhopper-Navitas sirve como ejemplo de cómo la cuestión Malvinas trasciende gobiernos y se mantiene como política de Estado, aunque los enfoques varíen según la administración.