RIGI: seis bancos concentran el financiamiento y seis empresas se llevan el 50% de los beneficios
El segundo boletín del Observatorio del RIGI revela una fuerte concentración: solo seis bancos financian la mayoría de los proyectos y seis empresas captan la mitad de los incentivos. Falta de transparencia oficial en un régimen que promete inversiones millonarias.
A casi un año de su implementación, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sigue generando más anuncios que datos públicos concretos. El segundo boletín del Observatorio del RIGI, elaborado por CELS, FARN, UNSAM, CEPPAS, ETFE y TNI, aporta claridad a un proceso que el gobierno nacional mantiene opaco: quién pone la plata y quién se lleva los beneficios fiscales.
El informe analiza los tres mecanismos principales de financiamiento: créditos bancarios tradicionales, préstamos sindicados (donde varias entidades se juntan por el volumen de la operación) y la emisión de obligaciones negociables (ON), títulos de deuda que emiten las propias empresas y que tienen buena aceptación en el mercado de capitales local.
Los datos son elocuentes. Seis bancos concentran la mayor parte del financiamiento otorgado bajo el paraguas del RIGI. Esta centralización genera interrogantes sobre riesgos sistémicos, dependencia de pocas entidades y el real impacto que estos créditos tienen en el entramado productivo más amplio.
Del lado de las empresas beneficiarias, la concentración es aún más marcada: solo seis firmas captan el 50% de los beneficios fiscales y aduaneros previstos por el régimen. El boletín no nombra a las empresas ni a los bancos por razones metodológicas, pero la tendencia es clara y contrasta con el discurso oficial que habla de un régimen abierto a grandes inversiones en todo el país.
Según el Observatorio, esta estructura refuerza un modelo de desarrollo basado en megaproyectos extractivos y de infraestructura, con escasa diversificación hacia sectores de mayor valor agregado o con mayor derrame local. Además, la opacidad en la publicación de datos por parte del Ejecutivo impide un debate informado sobre si los incentivos realmente justifican el costo fiscal que representan.
El RIGI fue una de las banderas de la ley Bases y, desde su aprobación, el gobierno ha anunciado decenas de inversiones millonarias en minería, energía, petróleo y gas. Sin embargo, el acceso a información detallada sobre qué proyectos fueron aprobados, en qué estado se encuentran y cuál es el impacto real en empleo, desarrollo regional y recaudación sigue siendo limitado.
El segundo boletín del Observatorio del RIGI busca llenar ese vacío. Sus autores sostienen que, sin mayor transparencia, resulta imposible evaluar si este régimen está cumpliendo sus objetivos declarados o si simplemente está concentrando aún más poder económico en pocas manos.
Desde el vamos, el diseño del RIGI prioriza la velocidad y la seguridad jurídica para grandes jugadores internacionales y locales. Pero los datos que hoy salen a la luz sugieren que los ganadores ya están bastante definidos y que el círculo es más chico de lo que se promete.
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