Economía

Reforma del empleo público: Milei y Sturzenegger impulsan cambios, ATE en máxima alerta

Ante el anuncio de Javier Milei sobre una reforma del empleo público que prepara Federico Sturzenegger, el gremio estatal ATE rechazó cualquier intento de recortar derechos y exigió mejoras reales como regularización de precarizados y salarios dignos.

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El Gobierno nacional, a través de declaraciones del presidente Javier Milei, anunció que Federico Sturzenegger está preparando una nueva reforma del empleo público. La medida generó inmediato rechazo en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que se declaró en “máxima alerta”.

Según un comunicado del gremio, la reforma buscaría modificar la estructura salarial, los ingresos al Estado, las evaluaciones por desempeño, las condiciones para ascender y la movilidad entre áreas, entre otros puntos. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, fue claro: “No vamos a aceptar ninguna discusión que esté orientada a quitarle derechos a los trabajadores del sector público”.

El dirigente recordó que el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que regula la administración pública nacional, fue firmado y homologado en 2006 con consenso entre la parte empleadora, ATE y UPCN, dos sindicatos históricamente opuestos. “No es de esos convenios antiguos que tanto critica el Gobierno”, señaló.

Aguiar dejó abierta la puerta al diálogo, pero con condiciones concretas. “No nos oponemos a discutir modificaciones en el empleo público si las mismas son para mejorar las condiciones laborales actuales”, dijo. Puso como ejemplos la regularización de trabajadores contratados y precarizados, el aumento de salarios que actualmente considera de hambre, la reducción del período de prueba de 12 a 3 meses y mayor dinamismo en las promociones y ascensos, que hoy tardan entre dos y tres años.

Sin embargo, el contexto genera desconfianza. Desde que asumió el actual Gobierno, según datos del INDEC sobre dotación de organismos públicos, se despidieron más de 68.000 trabajadores estatales. Además, en diciembre de 2024 el mismo Sturzenegger impulsó un examen que ya aprobó el 98% de los evaluados, pero el tema sigue en agenda.

“La estabilidad, el derecho al ingreso, las evaluaciones y los concursos ya existen. Lo que ocurre es que el Estado no cumple con nada de eso. Acá el problema que enfrentamos en la administración pública no es el convenio colectivo, es la industria del incumplimiento por parte del Gobierno”, concluyó Aguiar.

La reforma que se pretende impulsar incluiría cambios en el desarrollo de la carrera y la remuneración según rendimiento individual, además de facilitar traslados entre distintas áreas. La legislación actual (Ley 25.164) ya establece que los ingresos se realicen por mecanismos de selección que acrediten idoneidad y que la carrera incorpore criterios de mérito, eficiencia, eficacia, rendimiento y capacitación.

Desde ATE advierten que cualquier modificación del convenio colectivo debe hacerse con el consentimiento de las partes. Si se pretende alterar la ley marco de empleo público, deberá pasar obligatoriamente por el Congreso.

El gremio también mantiene una demanda judicial para que se declare la inconstitucionalidad del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

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