¿Qué se esconde detrás de la Hidrovía? (IV)

La Hidrovía Paraná-Paraguay no es solo una vía de agua: es el nudo central por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas. Y, como en las entregas anteriores de esta serie, detrás de su gestión se esconde una historia de concentración de poder económico, complicidad estatal y fallos judiciales que sistemáticamente priorizaron el interés privado por sobre el nacional.

Todo empezó a tomar forma en los años '70, cuando las primeras denuncias de saqueo sistemático de recursos naturales empezaron a circular. En esa década, bajo el paraguas de la dictadura, se consolidaron los mecanismos que permitieron que grandes grupos económicos se adueñaran de los ríos y sus márgenes. Lo que parecía una obra de ingeniería para mejorar la navegación terminó siendo una herramienta para privatizar de facto el control de la principal arteria exportadora del país.

Con el paso de las décadas, ese esquema se perfeccionó. Hoy, el oligopolio agroexportador está dominado por tres jugadores que concentran la mayor parte del negocio: Bunge, Viterra y el gigante financiero BlackRock, que en los últimos años incrementó su presencia directa en la cadena. Estos actores no solo controlan los puertos y las terminales elevadoras; también inciden de manera decisiva en la fijación de precios, el transporte fluvial y las condiciones de la vía navegable.

La complicidad estatal ha sido clave en cada etapa. Gobiernos de distintos signos políticos renovaron concesiones sin licitaciones competitivas, aceptaron cánones irrisorios y permitieron que las empresas operadoras definieran unilateralmente las obras de dragado y mantenimiento. El resultado es que el Estado argentino subsidia de manera indirecta la rentabilidad de estos grupos mientras la infraestructura pública se deteriora y los costos recaen sobre los productores y el erario público.

Pero donde el mecanismo se vuelve más evidente es en el rol de la Justicia. En reiteradas oportunidades, jueces y tribunales federales han frenado investigaciones, rechazado peritajes independientes y avalado la prórroga automática de concesiones que, según varios informes técnicos, violan la ley de puertos y la normativa ambiental. La defensa del "interés nacional" que suelen esgrimir los fallos parece, en los hechos, una defensa del interés de las multinacionales que operan en la Hidrovía.

Un caso paradigmático es la forma en que se manejó la última licitación internacional que nunca fue. En lugar de abrir el juego a nuevos oferentes, se optó por extender la concesión del consorcio actual, integrado por empresas vinculadas a los grandes exportadores. BlackRock, a través de sus participaciones en Viterra y otras firmas del sector, terminó ganando terreno sin que mediara una verdadera competencia.

Esto no es un detalle técnico. La Hidrovía mueve más de 100 millones de toneladas anuales de granos, aceites y derivados. Controlar su trazado, sus tarifas y su mantenimiento equivale a controlar una parte sustancial de la economía argentina. Mientras los márgenes de los productores se achican año tras año, los márgenes de las empresas que controlan la cadena logística y exportadora se mantienen estables o crecen.

La concentración no se limita al transporte fluvial. Las mismas empresas que operan la Hidrovía tienen posiciones dominantes en el mercado de semillas, fertilizantes, seguros agrícolas y comercialización internacional. Es un círculo cerrado donde el costo de salir de él es cada vez más alto para el pequeño y mediano productor.

Desde el punto de vista ambiental, la situación es igualmente preocupante. El dragado permanente para mantener calados que favorecen a los buques de mayor porte altera el régimen hídrico del Paraná, aumenta la erosión de las costas y pone en riesgo la biodiversidad del humedal. Las denuncias de contaminación por hidrocarburos y metales pesados se acumulan, pero las sanciones brillan por su ausencia.

La Justicia, una vez más, ha jugado un papel central. Amparos presentados por organizaciones ambientales y provincias ribereñas han sido sistemáticamente cajoneados o resueltos a favor de las empresas. El argumento recurrente es que cualquier interrupción en la operación de la Hidrovía afectaría "el interés nacional" y las exportaciones. Lo que no se dice es que ese interés nacional está siendo capturado por un puñado de corporaciones transnacionales.

En los '70 las denuncias hablaban de "saqueo". Hoy hablamos de "oligopolio consolidado". El vocabulario cambió, pero la dirección de los recursos no: de abajo hacia arriba, del interior productivo hacia las cuentas offshore de los grandes jugadores globales.

Recuperar el control soberano de la Hidrovía no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de redistribución de la riqueza que genera el principal recurso natural renovable que tiene la Argentina: sus ríos y su capacidad de producir alimentos. Sin una licitación transparente, con pliegos que prioricen el interés público, con control ambiental real y con participación de las provincias, seguiremos financiando con recursos públicos la concentración privada de la riqueza.

La serie continúa porque el problema no se agota en un artículo. La próxima entrega analizará las alternativas concretas que se están discutiendo en ámbitos técnicos y políticos para romper este esquema y poner la Hidrovía al servicio del desarrollo nacional.