Privatizaciones: por qué el Gobierno acelera la venta de activos estatales y qué viene ahora

El Gobierno nacional aceleró en las últimas semanas el diseño de un plan de privatizaciones que apunta a recaudar unos u$s2.300 millones entre 2026 y 2027. La iniciativa, que lleva la firma del ministro de Economía Luis Caputo, busca sumar dólares genuinos sin emitir deuda y, al mismo tiempo, achicar el déficit fiscal estructural.

Según documentos internos del Palacio de Hacienda a los que accedió El Insignia, la estrategia se divide en dos bandas: una primera de activos más fáciles de vender (participaciones minoritarias en empresas que ya cotizan o que pueden licitarse rápido) y una segunda de activos más complejos que requieren mayor preparación legal y regulatoria.

Por qué ahora

La principal razón es el frente cambiario. Aunque las reservas del Banco Central mejoraron en los últimos meses, el Gobierno necesita dólares que no dependan de la liquidación de exportaciones ni de nuevos endeudamientos. Vender activos estatales permite obtener divisas de una sola vez y, además, reduce el gasto futuro en subsidios y transferencias a empresas públicas deficitarias.

Caputo ya lo dijo en off the record en varias reuniones: “Cada empresa que dejamos de sostener es un ahorro fiscal automático”. En un contexto donde el superávit primario se sostiene a fuerza de ajuste del gasto, las privatizaciones aparecen como una herramienta complementaria de largo plazo.

Qué se puede vender primero

Las fuentes consultadas señalan que los primeros activos en salir a mercado serían participaciones en empresas como Nucleoeléctrica Argentina, Invap, y ciertas acciones remanentes de YPF. También hay interés por concesiones de aeropuertos y algunos inmuebles estratégicos en la Ciudad de Buenos Aires y el interior.

En paralelo, el equipo económico avanza en la revisión de marcos regulatorios. Sin una ley de privatizaciones actualizada, muchos procesos pueden trabarse en la Justicia o en el Congreso. Por eso, desde el Ministerio se trabaja en un proyecto que modifique la ley 23.696 de Reforma del Estado para facilitar las ventas sin necesidad de aprobación legislativa caso por caso.

Los riesgos que se manejan

No todo el mundo dentro del oficialismo está alineado. Algunos diputados de La Libertad Avanza advierten que vender activos “baratos” en un contexto de dólar bajo puede significar una pérdida patrimonial para el Estado. Otros, en cambio, sostienen que el verdadero costo es mantener empresas que pierden plata todos los años.

Desde el lado sindical, los gremios ya anunciaron que resistirán cualquier intento de privatización que implique despidos masivos. El fantasma de los ’90 sigue presente y el Gobierno lo sabe: por eso insiste en que las ventas se harán con “transparencia total” y con cláusulas de protección laboral.

Próximos pasos concretos

Según el cronograma tentativo, en el primer trimestre de 2026 se lanzarían los primeros pliegos. Antes, el Ministerio de Economía debe terminar la valuación de los activos y conseguir las autorizaciones correspondientes del Tribunal de Cuentas y de la Oficina Anticorrupción.

En simultáneo, Caputo busca inversores privados locales e internacionales. En las últimas semanas hubo reuniones con fondos de Estados Unidos y Europa interesados en energía y transporte. El objetivo es que al menos el 40% de las ventas se concrete con capitales extranjeros para que ingresen dólares frescos al país.

Qué significa para el ciudadano común

Si el plan se cumple, el impacto más visible será en las tarifas. Muchas empresas públicas hoy se sostienen con subsidios que salen del presupuesto general. Al pasar a manos privadas, se espera que la eficiencia mejore, aunque eso también puede traducirse en aumentos de precios en servicios como electricidad, agua o transporte.

Desde el equipo económico argumentan que es un trade-off necesario: menos gasto público, más inversión privada y, eventualmente, mejor servicio. Los próximos meses dirán si la sociedad está dispuesta a pagar ese precio a cambio de un Estado más chico.