Presentan plan de rescate para pymes con alivio fiscal e incentivos al empleo

El diputado nacional Nicolás Massot presentó un plan integral de rescate para las pymes que busca aliviar la presión fiscal, facilitar el acceso al crédito y brindar herramientas concretas a las empresas que hoy están al borde del abismo.

La iniciativa llega en un momento crítico: según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 70 mil pymes cerraron sus puertas en los últimos dos años y la actividad industrial y comercial sigue en caída libre. Para Massot, el combo de alta inflación, recesión y carga tributaria insostenible configuró un escenario perfecto para la desaparición masiva de las unidades productivas más chicas.

Los ejes centrales del plan

El proyecto propone una reducción escalonada de las contribuciones patronales durante los próximos 24 meses, con mayor alivio para las empresas de hasta 50 empleados. Además, incluye la creación de un fondo de garantía crediticia específico para pymes que permita acceder a tasas más competitivas y plazos más largos, algo que hoy resulta casi imposible en el sistema financiero actual.

Otra de las medidas clave es la implementación de un régimen de emergencia para empresas en crisis que contemple la posibilidad de reestructuración de deudas impositivas y previsionales sin que eso implique la quiebra automática. Según los cálculos preliminares del equipo de Massot, estas herramientas podrían alcanzar a más de 400 mil unidades productivas en todo el país.

"No se trata de subsidios ni de populismo económico. Es una política de supervivencia productiva", señaló el diputado durante la presentación. El plan también contempla incentivos al empleo formal a través de deducciones impositivas para las empresas que incorporen nuevos trabajadores bajo contrato indefinido.

El contexto que explica la urgencia

La situación de las pymes argentinas no es nueva, pero se agravó notablemente en los últimos meses. El aumento de costos (energía, logística, insumos importados) combinado con una demanda interna deprimida generó un efecto tijera que muchas empresas ya no pueden soportar. En barrios como Flores, Villa Crespo o Avellaneda, los carteles de "se alquila" se multiplican en locales que hasta hace poco funcionaban como comercios o pequeños talleres.

Desde distintos sectores productivos ya manifestaron su apoyo inicial al proyecto, aunque advierten que el éxito dependerá de la velocidad de implementación y del financiamiento real que se le asigne. La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General Económica (CGE) coincidieron en que cualquier medida de alivio fiscal debe venir acompañada de una estabilización macroeconómica que todavía no termina de llegar.

Qué falta y qué viene

El plan de Massot deberá pasar por las comisiones de la Cámara de Diputados y, eventualmente, negociar con el oficialismo y otros bloques opositores. Fuentes parlamentarias indican que hay voluntad de discutir el tema antes de fin de año, aunque el calendario legislativo está cargado con otras urgencias.

Mientras tanto, miles de pymes siguen operando en modo supervivencia: postergando pagos, reduciendo personal y, en muchos casos, evaluando el cierre definitivo. El detalle que suele pasar desapercibido es que cada pyme que cierra no solo afecta a sus dueños, sino a toda una cadena de proveedores, familias y barrios que dependen de esa actividad.

Si el Congreso logra destrabar un paquete de medidas razonable, podría marcar un punto de inflexión. Si no, el goteo de cierres continuará y la Argentina seguirá perdiendo tejido productivo que después resulta muy difícil de reconstruir.

Lo que nadie cuenta es que muchas de estas empresas no piden que les regalen nada. Solo piden condiciones mínimas para poder seguir apostando, invirtiendo y generando empleo en un país que, a pesar de todo, sigue necesitando productores que se levanten cada mañana a fabricar, vender y crear.