Mientras avanza con las privatizaciones, el Gobierno aprobó los presupuestos de ARSAT y Nucleoeléctrica

El Ministerio de Economía aprobó los presupuestos para el ejercicio 2026 de cuatro empresas estatales: Nucleoeléctrica Argentina, ARSAT, COVIARA y la Administración General de Puertos (AGP). Todas ellas proyectan un superávit financiero para el próximo año, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.

La decisión se conoce en un contexto donde el Gobierno nacional sigue impulsando su agenda de privatizaciones y revisión del rol del Estado en la economía. Nucleoeléctrica y ARSAT, dos de las compañías más estratégicas del sector tecnológico y energético, quedaron bajo la lupa en los últimos meses por posibles procesos de venta o concesión.

Según los documentos oficiales, tanto la empresa que opera las centrales nucleares como la que gestiona el satélite ARSAT-2 y la red de telecomunicaciones federal cerrarán el 2026 con números positivos. Esto representa un cambio respecto de años anteriores, donde varias de estas firmas solían requerir aportes del Tesoro para cubrir déficits operativos.

En el caso de Nucleoeléctrica, el superávit proyectado se explica principalmente por la estabilización de los precios de la energía y una mejora en la eficiencia operativa de las centrales Atucha y Embalse. La empresa es clave en la matriz energética argentina, ya que genera alrededor del 7% de la electricidad del país de forma limpia y confiable.

ARSAT, por su parte, viene de un proceso de reestructuración interna. La compañía estatal de telecomunicaciones había acumulado deudas importantes en años previos, pero ahora proyecta equilibrio financiero gracias a mayores ingresos por servicios de internet satelital y el alquiler de capacidad a operadores privados. Su rol en la conectividad de zonas rurales y en la soberanía digital sigue siendo un tema sensible en el debate político.

Las otras dos empresas incluidas en la aprobación son COVIARA (Compañía de Vivienda y Alquiler Rural Argentino) y la AGP, que administra los principales puertos del país. Ambas también cierran el ejercicio con superávit en las proyecciones.

Desde el Ejecutivo destacan que estos resultados son fruto de una política de mayor control del gasto y búsqueda de eficiencia en las empresas públicas. Sin embargo, analistas advierten que los superávits proyectados dependen de variables como el tipo de cambio, los precios internacionales de la energía y la demanda de servicios.

El timing de la aprobación no es casual. Mientras el Congreso debate proyectos de ley de privatización de distintas firmas estatales, el Gobierno busca mostrar que varias de estas empresas pueden ser viables sin necesidad de subsidios permanentes. Esto fortalece el argumento de que, en algunos casos, la opción no sería necesariamente la venta total sino una eventual participación privada minoritaria.

Fuentes del sector energético consultadas indican que Nucleoeléctrica podría ser una de las últimas en entrar en cualquier proceso de privatización, dada su importancia estratégica y los acuerdos internacionales que tiene el país en materia nuclear. ARSAT, en cambio, genera más divisiones: hay quienes proponen mantener la infraestructura satelital bajo control estatal pero abrir la operación comercial a inversores privados.

Más allá de los números, lo que queda claro es que el Gobierno avanza en dos direcciones que parecen contradictorias pero que responden a la misma lógica: achicar el tamaño del Estado donde sea posible y demostrar que lo que queda puede funcionar de manera más austera y eficiente.

El desafío ahora será ver si estos superávits proyectados se materializan en la realidad o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, terminan siendo revisados a mitad de camino por imprevistos macroeconómicos.