Maniatar al Estado: la reforma del Banco Central que impulsa Milei
La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que limita su rol a la estabilidad monetaria y le prohíbe financiar al Estado. Un informe del IPyPP advierte que esto ata de manos a futuros gobiernos y aumenta la dependencia del mercado financiero.
Este miércoles la Cámara de Diputados otorgó media sanción a uno de los proyectos estrella que Javier Milei anunció el 30 de julio: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
De aprobarse definitivamente, la entidad quedará reducida a un único objetivo alineado con el dogma libertario: “promover la estabilidad monetaria”. Desaparecerán las funciones que incorporó en 2012 de fomentar “el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
Sin embargo, según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), fundado por el economista Claudio Lozano, el problema más grave no está solo en los objetivos que se eliminan, sino en las herramientas que se prohíben expresamente.
El proyecto elimina los adelantos transitorios al Tesoro, prohíbe los préstamos del BCRA al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. También mantiene la veda a comprar deuda pública en el mercado primario y elimina el uso de reservas de libre disponibilidad para cancelar obligaciones externas.
Además, las utilidades del Banco Central solo podrán distribuirse cuando sean efectivamente realizadas y líquidas. Cualquier remanente transferible al Gobierno deberá destinarse exclusivamente a cancelar deuda pública.
“La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se inscribe en una secuencia de transformaciones que busca atar de manos a los próximos gobiernos que intenten revertir la profunda crisis económica y social”, sostiene el estudio del IPyPP.
El informe recuerda que durante la pandemia de COVID-19 el BCRA transfirió al Tesoro $1.606.982 millones en utilidades, otorgó $407.720 millones netos en adelantos transitorios y giró US$ 3.244 millones de reservas de libre disponibilidad. Esos recursos financiaron políticas como el ATP y el IFE.
En el contexto actual, con más del 40% de capacidad industrial ociosa, desempleo en ascenso, debilidad del consumo y caída de ingresos, el Estado quedaría con muchas menos herramientas para reactivar la economía.
Mientras el Gobierno presenta la iniciativa como una forma de independizar al Banco Central de la política, el IPyPP advierte que esa “independencia” puede generar una mayor dependencia del Estado respecto del mercado financiero. Sin acceso al financiamiento del BCRA, el Gobierno debería endeudarse más en los mercados locales o internacionales, donde las condiciones las imponen los acreedores.
La paradoja es evidente: el proyecto cierra las puertas al financiamiento directo del BCRA al Estado pero amplía la capacidad del organismo para tomar préstamos de bancos internacionales, usar activos externos como garantía y operar con mayor libertad en el mercado secundario de títulos públicos.
“El BCRA no pierde su capacidad de crear liquidez ni de asistir al sistema financiero. Conserva los mecanismos de respaldo a los bancos, amplía sus posibilidades de operar con títulos públicos en el mercado y facilita el financiamiento con bancos internacionales y el uso de reservas como garantía. La reforma, entonces, no elimina la intervención del Banco Central: redefine sus destinatarios”, plantea el informe.
En definitiva, reducir el margen de acción del BCRA frente a contextos económicos distintos también restringe la capacidad democrática de elegir otras políticas económicas.
Según informó Canal Abierto.