La crisis del empleo se agrava pero el Gobierno de Milei no cambiará el rumbo

La frase ya es casi un cliché en la Casa Rosada: Javier Milei “muere con las botas puestas”. En medio de una nueva ola de despidos, suspensiones y cierres de plantas industriales, el Presidente y su equipo económico repiten que no habrá marcha atrás con el ajuste fiscal. La conflictividad laboral, que parecía dormida, volvió a la agenda con fuerza esta semana.

Según datos del Ministerio de Trabajo, en las últimas tres semanas se registraron más de 8.500 despidos en el sector privado y suspensiones que afectan a otros 12.000 trabajadores. Las fábricas de autopartes del conurbano, los frigoríficos de Santa Fe y varias textiles de Córdoba son los más golpeados. En varias plantas, los delegados gremiales denuncian que los dueños optan por cerrar antes que seguir perdiendo plata con una demanda interna que no repunta.

Desde el Gobierno responden con dos argumentos que ya son casi un mantra: primero, que la herencia recibida era peor de lo imaginado y que sin superávit primario no hay futuro; segundo, que el “derrame” llegará cuando la inflación siga bajando y las expectativas mejoren. “No vamos a volver al modelo de la década pasada que destruyó el empleo de verdad”, dijo esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista radial.

El dato que más preocupa es que la destrucción de empleo ya no se limita al Estado. El sector privado, que Milei prometía que iba a liderar la recuperación, acumula cinco meses consecutivos de caída en las cifras de trabajadores registrados. Las pymes, que representan el 70% del empleo formal, son las que más sufren: sin crédito barato, con tarifas dolarizadas y una recesión que ya lleva más de un año, muchas optan por achicar o directamente cerrar.

En los barrios del Gran Buenos Aires la situación se siente en la calle. En La Matanza y Quilmes, donde hay una alta concentración de industrias metalúrgicas y de calzado, los comedores comunitarios volvieron a registrar un aumento de pedidos de viandas. “Antes eran jubilados y empleados públicos, ahora vienen cada vez más laburantes de fábrica que quedaron sin nada”, cuenta una referente de un comedor en González Catán que prefiere no dar su nombre.

Los sindicatos, divididos como siempre, comienzan a reagruparse. La CGT anunció un nuevo paro general para dentro de tres semanas, mientras que algunos gremios más combativos ya realizaron medidas sectoriales. Desde el oficialismo descalifican estas protestas como “políticas” y acusan a los dirigentes de defender un modelo que ya fracasó. “Que vengan con propuestas concretas en vez de cortar calles”, dijo un vocero presidencial.

Economistas independientes, incluso algunos que apoyaron el cambio de modelo, empiezan a mostrar preocupación. “El ajuste fiscal es necesario, pero sin una política industrial y crediticia que acompañe, el costo social puede ser demasiado alto y prolongado”, señaló un informe de la consultora Equilibra esta semana.

Mientras tanto, en Olivos y en el quinto piso de la Casa Rosada la consigna sigue siendo la misma: no aflojar. Milei repite en cada entrevista que “el loco soy yo, pero el que entiende de economía es Caputo”. La pregunta que cada vez más argentinos se hacen es hasta cuándo el costo social de mantener las “botas puestas” será políticamente sostenible.

Por ahora, el Gobierno apuesta a que la baja de la inflación (que en abril volvió a un dígito) y la recomposición de salarios reales que se espera para el segundo semestre terminen por destrabar el consumo y generar empleo privado de calidad. Si eso no ocurre, la frase de “morir con las botas puestas” podría dejar de ser una declaración de principios para convertirse en un epitafio político.