El plan de Kast para bajar impuestos a las empresas en Chile: ¿inversión o recorte social?

El gobierno de José Antonio Kast presentó su plan económico estrella: una rebaja gradual del impuesto a las empresas, que pasaría del actual 27% al 23% en un plazo de cuatro años. La medida busca posicionar a Chile como un destino más atractivo para la inversión extranjera y reactivar una economía que, según los datos oficiales, viene arrastrando años de bajo crecimiento.

Según los impulsores de la iniciativa, la reducción impositiva permitiría aumentar la inversión privada en al menos un 15% durante el primer trienio. "Bajar los impuestos no es un regalo a las grandes empresas, es devolverle al sector productivo lo que el Estado le ha ido quitando durante años", sostuvo el ministro de Hacienda en su presentación ante el Congreso.

El argumento central es que Chile se encuentra en desventaja competitiva frente a países como Perú (25%), Colombia (35% pero con múltiples exenciones) o incluso algunos estados de Estados Unidos con tasas efectivas más bajas. Los empresarios han celebrado la propuesta, argumentando que el alto impuesto corporativo desincentiva la reinversión de utilidades y empuja a las compañías a buscar otros mercados.

Sin embargo, la oposición y diversos economistas han cuestionado duramente la efectividad de esta medida. Estudios de la Universidad de Chile y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sugieren que las rebajas impositivas a las grandes empresas en la región no siempre se traducen en mayor empleo ni en aumento sostenido de la inversión. "Es un salto de fe basado en la teoría de la goteo que ya demostró sus limitaciones en los 90", señaló un investigador consultado.

Uno de los puntos más polémicos es el impacto fiscal. El gobierno estima que la medida costaría alrededor de 1.200 millones de dólares anuales una vez completada la rebaja, pero promete compensarlo con mayor crecimiento y una reforma administrativa que combata la evasión. Los críticos, en cambio, advierten que esto podría obligar a recortes en programas sociales, pensiones o inversión pública en infraestructura, especialmente en un contexto donde la recaudación ya viene presionada por el bajo crecimiento.

Desde los sectores más progresistas se argumenta que Chile ya tiene una de las tasas impositivas a las utilidades más altas de la OCDE, pero también una de las distribuciones de la riqueza más desiguales. "Bajar impuestos a las empresas mientras las familias siguen luchando con el costo de la vida es mandarle una señal equivocada al país", dijo una diputada de la oposición durante el debate parlamentario.

El plan incluye además incentivos sectoriales para industrias como la minería verde, la tecnología y el agroexportador, donde se aplicarían tasas diferenciales aún más bajas durante los primeros años. Kast ha insistido en que se mantendrán las exenciones para las PYMES, que representan la mayoría del tejido empresarial chileno.

Lo que nadie termina de responder es si esta rebaja realmente llegará a la clase media y a los trabajadores. La experiencia internacional muestra resultados mixtos: mientras Irlanda usó una tasa corporativa muy baja para atraer gigantes tecnológicos, en América Latina varios intentos similares terminaron en mayores utilidades para accionistas sin que el empleo formal creciera al ritmo esperado.

El debate recién comienza en el Congreso chileno, donde la coalición de Kast tiene mayoría pero enfrenta resistencia en comisiones técnicas. Si se aprueba, será una de las modificaciones tributarias más importantes de la última década y un claro guiño a un modelo económico más pro-mercado después de años de tensiones sociales.

Queda por verse si la promesa de más inversión se materializa o si, como advierten los escépticos, terminará siendo un alivio tributario que no resuelve los problemas estructurales de la economía chilena.