El lado B del Súper RIGI: dudas sobre dólares, recaudación y proveedores locales

El Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), más conocido como Súper RIGI, se presentó como la gran palanca para atraer dólares frescos al país. Pero a medida que avanzan las primeras aprobaciones y se conocen los detalles de los contratos, empiezan a aparecer las grietas del lado B de esta ley.

Según un informe reciente de la Fundación Libertad y Progreso, el régimen podría implicar una renuncia fiscal de hasta 1.200 millones de dólares en los próximos cinco años solo por los proyectos ya presentados. La cifra no es menor en un contexto donde el superávit primario se sostiene con uñas y dientes.

"Las exigencias de contrapartida son muy laxas", sostiene un economista que prefirió mantener el anonimato. "Se les da estabilidad fiscal por 30 años, exenciones en Ganancias, IVA y derechos de importación, pero a cambio solo piden que el 40% de los insumos sean locales. Ese porcentaje es fácilmente eludible con estructuras de precios transferidos".

El impacto en la balanza de dólares también genera escepticismo. Si bien el gobierno argumenta que los proyectos mineros y energéticos traerán inversiones por más de 30.000 millones de dólares, analistas del Observatorio de la Deuda Externa advierten que gran parte de esa inversión se financiará con endeudamiento externo. Es decir: entran dólares por inversión pero también salen por pago de intereses y repatriación de utilidades una vez que los proyectos empiecen a generar ganancias.

"Es un esquema que se parece más a un diferimiento de impuestos que a una verdadera atracción de capital fresco", explica un ex funcionario de la AFIP que participó en la redacción de regímenes similares durante los 90. "Al final, el Estado termina financiando parte de la inversión con lo que deja de recaudar".

Uno de los puntos más sensibles es el impacto en los proveedores locales. La ley establece un porcentaje mínimo de insumos nacionales, pero las cámaras de pequeñas y medianas empresas ya están alertando que la mayoría de los proveedores calificados para estos mega-proyectos son multinacionales con sede local. Las PyMEs argentinas, según un relevamiento de la UIA, quedarían relegadas a rubros de bajo valor agregado como servicios de catering o transporte.

"Nos venden el cuento de que va a haber derrame, pero la experiencia de Vaca Muerta muestra otra cosa", cuenta el dueño de una fábrica de válvulas industriales en Bahía Blanca que pidió no ser identificado. "Cuando llegaban los proyectos grandes, los ingenieros traían sus propios proveedores de Houston o Calgary. Nosotros terminábamos haciendo alguna reparación menor".

El riesgo de que el RIGI se convierta en política permanente también está sobre la mesa. Aunque originalmente se presentó como un régimen transitorio de cuatro años, varios diputados oficialistas ya deslizaron la posibilidad de extenderlo o incluso convertirlo en un marco regulatorio permanente para ciertos sectores.

"Esto tiene todo el olor de los regímenes de promoción que después nunca se terminan", advierte un investigador del CIPPEC. "Una vez que las grandes empresas se acostumbran a estas ventajas, el lobby para mantenerlas es enorme. Mirá lo que pasó con la promoción forestal o con Tierra del Fuego".

Desde el lado empresarial, lógicamente, la visión es distinta. Las cámaras que representan a las mineras y petroleras argumentan que sin estabilidad jurídica y beneficios impositivos, Argentina no compite con Chile, Australia o Canadá. "El RIGI no es un regalo, es la corrección de una distorsión", sostienen en off the record.

Lo cierto es que el debate recién empieza. Mientras los primeros proyectos esperan la firma definitiva, crecen las voces que piden mayor transparencia en los contratos y una evaluación independiente de su impacto fiscal real. Porque si algo aprendimos en Argentina es que las leyes que suenan demasiado buenas casi siempre esconden un costado que termina pagando alguien más.

El desafío para el gobierno será demostrar que este régimen realmente genera los dólares y el empleo que promete, o si, como tantas veces, termina siendo una transferencia de recursos de los contribuyentes actuales hacia las grandes corporaciones del futuro.