El impacto real del RIGI en el mercado laboral: entre 200.000 y 300.000 empleos, pero con matices

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pilares de la Ley Bases, promete ser un motor para la economía argentina. Diversos estudios privados y oficiales estiman que podría generar entre 200.000 y 300.000 empleos directos e indirectos en los próximos años. Sin embargo, el impacto en el mercado laboral no es tan lineal como se presenta.

Según un informe reciente de la consultora Ecolatina, el grueso de estas inversiones se concentrará en minería, energía y oil & gas. Estos sectores son altamente intensivos en capital: por cada millón de dólares invertido, generan menos puestos de trabajo que industrias manufactureras o de servicios. “La hipótesis de una mayor migración laboral hacia el Interior es razonable, pero acotada”, señala el documento.

El RIGI ofrece beneficios fiscales y aduaneros a proyectos de más de 200 millones de dólares. En la práctica, esto acelera la aprobación de iniciativas en litio, cobre, hidrógeno verde y energías renovables, principalmente en provincias como Catamarca, San Juan, Salta y Neuquén. El gobierno estima que solo en Vaca Muerta y el litio se podrían sumar unos 120.000 empleos indirectos.

Sin embargo, los especialistas advierten que la mayoría de estos puestos serán temporarios durante la etapa de construcción. Una vez que las plantas o minas entran en operación, la mano de obra se reduce drásticamente. Un estudio de la Universidad de San Andrés coincide: por cada 100 millones invertidos en minería, se crean entre 80 y 120 empleos directos en la fase de explotación, una cifra baja comparada con otros rubros.

Desde el Ministerio de Economía defienden el régimen argumentando que los empleos indirectos multiplican el efecto. Proveedores locales, logística, hotelería y servicios en las provincias receptoras serían los grandes ganadores. En Jujuy, por ejemplo, la expansión del litio ya generó un boom en el sector de la construcción y el transporte.

El desafío pasa por la formación de recursos humanos. Muchas de las posiciones calificadas (ingenieros, técnicos especializados en perforación o procesamiento mineral) no se cubren fácilmente con mano de obra local. Por eso, varias empresas ya anticipan que traerán personal de otras provincias o incluso del exterior durante los primeros años.

Otro punto clave es la distribución geográfica. Si bien el Interior concentra las inversiones, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe seguirían captando buena parte de los empleos indirectos a través de industrias proveedoras. La migración masiva que algunos imaginan parece poco probable: los estudios hablan de un movimiento de entre 40.000 y 70.000 trabajadores hacia las provincias mineras en los próximos cinco años.

Desde los sindicatos, el panorama se ve con cautela. La CGT y algunos gremios de la construcción piden que se garantice la prioridad de trabajadores argentinos y que se incluyan cláusulas de capacitación obligatoria. “No queremos que sea como en los ‘90, donde las grandes obras traían mano de obra externa y dejaban poco en las provincias”, planteó un dirigente consultado.

En resumen, el RIGI puede ser un impulso importante para el empleo en un país con más de 7% de desocupación, pero no es la solución mágica. Su impacto dependerá de cómo se articulen las políticas de formación, cómo se integren las PyMEs locales a las cadenas de valor y de cuánto tiempo se mantengan las inversiones una vez terminada la etapa de incentivos.

Los próximos meses serán clave: a medida que se aprueben los primeros proyectos bajo el nuevo régimen, se podrá medir con mayor precisión si esas estimaciones de 200.000 a 300.000 empleos se cumplen o si, como ocurre a menudo, el número final queda bastante por debajo de las expectativas iniciales.