Cobro a migrantes en hospitales nacionales: CAREF advierte que perjudica a los más vulnerables

la semana pasada el Gobierno nacional publicó la resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud Mario Lugones, que reglamenta el cobro de prestaciones sanitarias a personas extranjeras sin residencia permanente en hospitales y centros de salud administrados por el Estado nacional.

Según la norma, quienes tengan residencia temporaria deberán acreditar un seguro de salud o abonar el servicio de manera previa para cualquier atención habitual o programada. Solo las emergencias vitales quedan exceptuadas del pago.

La Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), organización con más de 50 años de trabajo en el tema, advirtió que la medida no es aislada. Forma parte de la reforma migratoria impulsada por el DNU 366/2025, que exige “medios económicos suficientes” equivalentes a una Canasta Básica Total para otorgar la residencia permanente.

Desde mayo de 2025, la aprobación de residencias permanentes se desplomó un 81,2%. Pasó de 6.767 aprobadas a solo 1.271 en noviembre del mismo año. En la práctica, esto deja a miles de personas que viven, trabajan y están arraigadas en el país sin acceso regular al sistema de salud público.

“La norma termina excluyendo de la atención de la salud a quienes más necesitan del hospital público, a las personas más vulnerables”, señaló CAREF en su comunicado. La organización sostiene que el objetivo declarado de apuntar al “turismo sanitario” no se condice con la realidad: la mayoría de los afectados son migrantes en situación de precariedad económica.

Carga extra para hospitales y trabajadores

La resolución traslada a cada hospital la obligación de diseñar e implementar mecanismos de cobro. En un contexto de fuerte desfinanciamiento —los recortes en hospitales nacionales oscilan entre el 27% y el 53% según datos de julio de 2026 del Centro de Economía Política— esta nueva tarea administrativa recae sobre instituciones y personal ya precarizado.

El problema de la “emergencia” como límite

La norma exceptúa las atenciones por riesgo inminente para la vida, un órgano o una función. Sin embargo, CAREF advierte que esta definición estricta deja afuera controles preventivos, seguimientos de enfermedades crónicas, controles de embarazo, vacunación de rutina y atención pediátrica regular.

Sin esos controles, las patologías se agravan y terminan llegando al sistema como verdaderas emergencias, con mayor costo humano y económico. “Sin controles de embarazo, una mujer puede llegar a una emergencia obstétrica que pudo evitarse. Sin vacunación, se pone en riesgo no solo al individuo sino a toda la comunidad”, explicaron.

Además, la decisión de qué constituye una urgencia queda en manos del profesional de la salud en el momento de la atención, generándole una carga administrativa y ética que antes no tenía.

Un paso más en el discurso antimigrante

Para CAREF, esta medida se inscribe en una escalada de acciones que incluyen megaoperativos de control migratorio en barrios populares como Villa Celina o Flores. Mientras se profundiza la persecución, el sistema de salud se desfinancia: el Instituto Malbrán sufrió un recorte del 31%, la ANMAT del 37% y varios programas de prevención vieron caídas de hasta el 100%.

“Un sistema de salud público se cuida con financiamiento, inversión en ciencia, mejores salarios e insumos. No se cuida excluyendo personas ni trasladando a cada hospital la tarea de cobrarle a los que menos tienen”, concluye la organización, que exige la derogación tanto de la reforma migratoria como de esta resolución.

La medida, publicada originalmente el 13 de agosto de 2026, reaviva el debate sobre cómo se articula la política migratoria con el derecho a la salud en un país que históricamente se destacó por su sistema público inclusivo.