Aranceles de Trump: países de América Latina y siderúrgicas piden exenciones

Representantes de México, Perú, Guatemala y Ecuador se reunieron esta semana para rechazar las acusaciones de laxitud en la aplicación de leyes contra el trabajo forzoso y pedir exenciones a los aranceles que planea imponer la administración de Donald Trump.

Los funcionarios defendieron sus procesos regulatorios y aduaneros, argumentando que cumplen con estándares internacionales y que las medidas unilaterales afectarían las cadenas de suministro regionales. La siderurgia latinoamericana, fuertemente expuesta al mercado estadounidense, es uno de los sectores que más presión ejerce para obtener excepciones.

Según fuentes diplomáticas, los cuatro países presentaron documentación detallada sobre sus marcos legales y operativos para combatir el trabajo forzoso en industrias extractivas y manufactureras. “No se trata de una defensa retórica, sino de procesos que han sido auditados por organismos multilaterales”, señaló un representante mexicano que pidió reserva de su nombre.

El contexto es la intención de Trump de aplicar aranceles generalizados a importaciones de acero y aluminio, con un énfasis particular en castigar a aquellos países que, según Washington, no combaten con suficiente rigor el trabajo forzoso en sus cadenas de valor. Brasil y Argentina ya habían iniciado gestiones similares la semana pasada.

Las empresas siderúrgicas de la región, agrupadas en distintas cámaras, enviaron cartas formales a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitando que se las excluya de la lista de aranceles. Argumentan que gran parte de su producción ya cumple con certificaciones internacionales y que un aumento de costos tarifarios pondría en riesgo miles de empleos en países donde la industria metalúrgica es un motor económico clave.

Desde Guatemala y Ecuador, los delegados enfatizaron que sus sistemas de trazabilidad y fiscalización han sido fortalecidos en los últimos tres años con apoyo técnico de la OIT. “Acusarnos de laxitud ignora el trabajo conjunto que venimos haciendo”, afirmó un funcionario ecuatoriano.

El impacto potencial no es menor. México, por ejemplo, exporta a Estados Unidos alrededor de 4,5 millones de toneladas de acero al año. Una suba de aranceles del 25% como la que se discute podría encarecer productos finales que luego regresan a la región, afectando la competitividad de toda la cadena manufacturera.

Hasta el momento, la administración Trump no ha respondido formalmente a estos pedidos de exención. Fuentes cercanas a las negociaciones indican que las decisiones finales podrían demorar varias semanas, mientras el equipo económico del presidente electo termina de definir la lista de países y sectores prioritarios.

Lo que está en juego es más que un ajuste tarifario: es la forma en que América Latina se posiciona frente a una política comercial cada vez más unilateral. Los países de la región, con economías fuertemente entrelazadas al mercado norteamericano, buscan evitar que las acusaciones de trabajo forzoso se conviertan en una herramienta proteccionista generalizada.

Mientras tanto, las siderúrgicas locales ya empiezan a explorar alternativas: diversificar mercados hacia Asia y Europa, y acelerar la adopción de estándares de sostenibilidad que les permitan demostrar cumplimiento ante eventuales auditorías estadounidenses más estrictas.