Inocencia Fiscal II: los cambios clave que el Gobierno envió al Congreso
El proyecto limita las facultades de AFIP, acorta plazos para fiscalizar y cambia cómo se tratan las diferencias patrimoniales. Analizamos los puntos más relevantes de la iniciativa.
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley conocido como Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca modificar varios aspectos del régimen tributario y de fiscalización para, según sus impulsores, proteger al contribuyente de eventuales abusos de la AFIP.
El texto incorpora límites concretos a las facultades de fiscalización, reduce los plazos para revisar declaraciones juradas y redefine el tratamiento de las discrepancias patrimoniales, uno de los puntos más polémicos en materia impositiva.
¿Qué cambia en la práctica?
Uno de los ejes centrales es la incorporación de un principio de “inocencia fiscal” que obliga a la Administración Federal de Ingresos Públicos a probar fehacientemente cualquier irregularidad antes de aplicar sanciones o ajustes. Hoy, en muchos casos, es el contribuyente quien debe demostrar que sus números son correctos.
Además, se establecen límites temporales más estrictos para que AFIP pueda revisar las declaraciones juradas. El proyecto propone acortar los plazos de prescripción y de fiscalización, lo que en los hechos reduce la ventana en la que el fisco puede actuar sobre un contribuyente.
Otro punto relevante es la redefinición del tratamiento de las discrepancias patrimoniales. Actualmente, cuando existe una diferencia entre el patrimonio declarado y el que surge de gastos o consumos, se presume que ese incremento no declarado es ganancia no gravada. El nuevo texto endurece los requisitos para que esa presunción prospere y obliga al organismo a aportar evidencia concreta.
Límites a las facultades de control
El proyecto también introduce restricciones a las inspecciones y requerimientos de información. Se busca evitar lo que en el sector privado se conoce como “pesquisa pesquera”, es decir, fiscalizaciones amplias y sin foco concreto. A partir de la eventual sanción, AFIP deberá justificar con mayor precisión el motivo de cada requerimiento.
Desde el oficialismo sostienen que estas modificaciones buscan equilibrar la relación entre contribuyente y Estado, especialmente después de años en los que muchos sectores productivos se quejaron de excesos en las fiscalizaciones.
Reacciones y próximos pasos
El envío del proyecto a Diputados abre un nuevo capítulo en la discusión tributaria. Se espera que en las próximas semanas comiencen las reuniones de comisión y que diversos sectores (CGT, cámaras empresarias, colegios de abogados y contadores) expresen su posición.
Especialistas consultados advierten que, si bien el espíritu de proteger al contribuyente es compartido, habrá que analizar con detalle cómo impactan estos cambios en la capacidad recaudatoria del Estado y en la lucha contra la evasión.
El texto completo del proyecto ya está disponible en la página de la Cámara de Diputados y promete ser uno de los temas centrales de la agenda legislativa de las próximas semanas.