Infancia en ajuste: el presupuesto para niños y adolescentes enfrenta nuevos recortes

El informe que UNICEF presentó esta semana no deja mucho lugar para el optimismo. Según sus cálculos, el gasto público orientado a la infancia y la adolescencia podría contraerse hasta un 16% para 2026 si se mantienen las tendencias actuales de ajuste fiscal. Mientras tanto, la pobreza infantil se mantiene en niveles alarmantes, con más de 6 de cada 10 chicos bajo la línea de pobreza en algunas provincias.

El documento, titulado "La infancia en tiempos de ajuste", analiza cómo la política de contención del gasto impacta en programas clave: desde la Asignación Universal por Hijo hasta las políticas de primera infancia, pasando por educación, salud y protección social. Lo más preocupante es que no se trata de un recorte puntual, sino de una tendencia estructural que viene profundizándose desde hace varios años.

"Cuando se ajusta el presupuesto general, la niñez suele ser de las primeras en pagar el costo", explica una de las investigadoras del informe. Y los números respaldan esa afirmación: el porcentaje del presupuesto nacional destinado específicamente a niños, niñas y adolescentes ha venido cayendo de manera sostenida. En 2023 representaba alrededor del 4,8% del total; las proyecciones para 2026 lo ubican por debajo del 4%.

Esto ocurre en un país donde, según los últimos datos del INDEC, la pobreza infantil supera el 50% a nivel nacional. En el Gran Buenos Aires y en el noreste del país los números son todavía más duros. Es decir, recortamos en políticas para los que más lo necesitan justo cuando más lo necesitan.

El informe de UNICEF no se limita a señalar problemas. También identifica oportunidades perdidas. Por ejemplo, el impacto de la AUH (Asignación Universal por Hijo) en la reducción de la pobreza extrema durante la década pasada fue significativo. Sin embargo, su poder adquisitivo se ha erosionado por la inflación y los ajustes en los montos. Lo mismo ocurre con los programas de nutrición y de acceso a la educación inicial, donde la brecha entre lo presupuestado y lo que realmente se ejecuta viene creciendo.

Desde el lado del gobierno, la respuesta suele ser la misma: que el ajuste es necesario para estabilizar la economía y que, a largo plazo, eso beneficiará también a los sectores más vulnerables. Es un argumento clásico de la economía ortodoxa: primero ordenemos la macro y después distribuimos. El problema es que "después" suele llegar demasiado tarde para una generación de chicos que hoy no accede a una alimentación adecuada, a estimulación temprana o a una escuela que realmente funcione.

Hay un detalle que el informe destaca y que vale la pena subrayar: los recortes no impactan por igual en todo el país. Las provincias más pobres, que dependen en mayor medida de las transferencias nacionales, son las más afectadas. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires o en algunos municipios del conurbano con mejor recaudación propia, se pueden compensar parte de estos recortes con fondos locales. El resultado es una mayor desigualdad territorial en el acceso a derechos básicos.

Lo que nadie cuenta demasiado en los debates presupuestarios es cómo estos números se traducen en historias concretas. En un centro de desarrollo infantil del conurbano sur, por ejemplo, la lista de espera para vacantes de sala de 2 años supera las 400 familias. El presupuesto para ampliar el servicio no llega. En un comedor comunitario de La Matanza, la cantidad de raciones aumentó un 40% en dos años, pero los recursos para comprar alimentos crecieron apenas un 15%. Las cuentas no cierran.

UNICEF propone un camino alternativo: proteger el gasto en infancia como una inversión prioritaria, no como un gasto residual. Argumentan, con datos comparativos de la región, que cada peso invertido en primera infancia genera un retorno de entre 7 y 10 pesos en menor gasto futuro en salud, seguridad y asistencia social. Es la misma lógica que se aplica cuando hablamos de infraestructura o de promoción de exportaciones, pero que parece más difícil de aceptar cuando se trata de chicos.

El contexto internacional tampoco ayuda. La mayoría de los países de la región están atravesando sus propios procesos de ajuste fiscal post-pandemia. Sin embargo, pocos han aplicado recortes tan profundos en el área de niñez como los que se proyectan en Argentina. Brasil, por ejemplo, mantiene un piso constitucional de inversión en educación y salud que, más allá de sus problemas de ejecución, funciona como salvaguarda.

Queda la sensación de que estamos ante un clásico falso dilema: o estabilizamos las cuentas públicas o atendemos a los más vulnerables. Como si no fuera posible hacer ambas cosas, o al menos priorizar de manera inteligente dentro del ajuste. Porque si algo queda claro del informe de UNICEF es que ajustar sobre la infancia no es ajustar sobre el presente, sino hipotecar directamente el futuro del país.

La pregunta que queda flotando es si, cuando en unos años miremos los índices de deserción escolar, de repitencia, de problemas de salud mental o de jóvenes sin empleo, recordaremos estas decisiones presupuestarias. O si, como suele pasar, buscaremos explicaciones más cómodas en la "falta de cultura del trabajo" o en la "desintegración familiar".