El 92% de las familias argentinas tiene deudas y la mitad está endeudada por fuera del sistema financiero
Un nuevo informe revela la profundidad de la crisis de endeudamiento que afecta a los hogares. Mientras el sistema financiero formal concentra parte de las obligaciones, la informalidad y los atrasos en servicios y alquileres asfixian a la mitad de las familias.
Según un relevamiento reciente, el 92% de las familias argentinas arrastra algún tipo de deuda. De ese total, casi la mitad (alrededor del 46%) tiene compromisos por fuera del sistema financiero formal, ya sea a través de prestamistas informales, atrasos en servicios o alquileres impagos.
El dato surge en un contexto de fuerte presión económica sobre los hogares, donde la inflación acumulada, la pérdida de poder adquisitivo y el ajuste fiscal del gobierno nacional han obligado a muchas familias a recurrir a mecanismos de financiamiento de último recurso.
La crisis no se limita a los créditos bancarios o las deudas con billeteras virtuales. Una parte significativa de los hogares se encuentra retrasada con obligaciones básicas como luz, gas, agua, expensas, alquileres o cuotas de colegios. Estos atrasos, aunque no figuren en el sistema financiero formal, generan un nivel de estrés y riesgo de ejecución igual o mayor que las deudas tradicionales.
Según informó Tiempo Argentino, el país empieza a movilizarse para reclamar soluciones políticas al endeudamiento que asfixia a las familias a lo largo y ancho del territorio. En el centro del objetivo están las deudas contraídas con el sistema financiero formal, que incluye a la banca tradicional y a las billeteras virtuales, pero la crisis que generó la política económica del gobierno nacional obligó a los hogares a endeudarse de manera informal o a retrasarse con pagos de obligaciones formales que no tienen que ver con el sistema financiero.
Expertos consultados coinciden en que este fenómeno refleja un cambio estructural: ante la imposibilidad de llegar a fin de mes con los ingresos corrientes, las familias primero recortan gastos y luego acuden a la deuda como mecanismo de supervivencia. Cuando las opciones formales se encarecen o se vuelven inaccesibles, aparece el prestamista informal, el “fiado” en el almacén o simplemente el atraso sistemático en servicios.
Esta situación genera un círculo vicioso. Los atrasos en servicios derivan en cortes, multas y recargos que terminan aumentando aún más la carga financiera. En el caso de los alquileres, el riesgo de desalojo se vuelve una amenaza concreta para miles de hogares, especialmente en grandes ciudades como Buenos Aires, donde los valores ya están despegados de los ingresos medios.
Desde el punto de vista social, el endeudamiento masivo no solo afecta la economía doméstica sino también la salud mental de las familias. El estrés financiero constante genera ansiedad, conflictos familiares y, en muchos casos, aislamiento social por vergüenza.
Frente a este panorama, organizaciones de deudores y movimientos sociales comenzaron a organizarse para exigir medidas concretas: desde una moratoria amplia hasta regulaciones más estrictas sobre tasas de interés y prácticas abusivas de cobro. La consigna que gana fuerza es que el endeudamiento actual no es responsabilidad individual sino consecuencia de una política económica que transfirió los costos del ajuste sobre los sectores populares.
El desafío para las autoridades es reconocer la magnitud del problema. Mientras el discurso oficial suele hablar de “saneamiento” de las cuentas públicas, en los hogares la cuenta no cierra. Y cuando el 92% de las familias está endeudada, el problema deja de ser un tema de comportamiento individual para convertirse en una cuestión estructural que requiere respuestas políticas urgentes.