Contaminación en Vaca Muerta: la impunidad que protege a los responsables
La empresa COMARSA generó un pasivo ambiental millonario en Neuquén mientras el Estado demora sanciones. El abogado querellante Rafael Colombo denuncia blindaje sistemático a los delitos de los poderosos.
El caso de la empresa COMARSA en la provincia de Neuquén volvió a poner en evidencia uno de los problemas más persistentes de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta: la contaminación sistemática y la dificultad para que los responsables rindan cuentas.
Según la querella, la firma dedicada al tratamiento de residuos petroleros defraudó al Estado neuquino y generó un enorme pasivo ambiental que hoy pagan los vecinos y el ecosistema. El abogado Rafael Colombo, que representa a los querellantes, es claro: “Los delitos ambientales son delitos de los poderosos. Hay una fuerte tolerancia e interés de los poderes estatales en generar impunidad, en generar blindaje”.
El caso no es aislado. Vaca Muerta, el principal polo de extracción de shale gas y petróleo no convencional de la Argentina, acumula años de denuncias por derrames, contaminación de napas y manejo irregular de residuos. Sin embargo, las sanciones penales y las reparaciones efectivas siguen siendo excepciones.
Desde el punto de vista tecnológico, el problema tiene aristas concretas. Las empresas del sector utilizan grandes volúmenes de químicos y agua en los procesos de fractura hidráulica (fracking). El tratamiento posterior de esos fluidos y de los residuos sólidos requiere plantas especializadas, justamente las que empresas como COMARSA debían operar bajo estándares estrictos. Cuando esas plantas no cumplen o directamente operan al margen, el impacto se multiplica.
Colombo sostiene que existe un patrón: las autoridades demoran las inspecciones, las multas quedan en suspenso o se negocian, y los procesos penales avanzan con lentitud exasperante. Esta dinámica, según el letrado, no es negligencia sino una política deliberada de protección a la industria que el gobierno nacional y provincial consideran estratégica.
En términos locales, el pasivo ambiental se traduce en agua y suelo contaminados que afectan tanto a comunidades rurales como a zonas urbanas cercanas. Los costos de remediación, cuando se hacen, recaen en el Estado o directamente quedan sin resolver. Mientras tanto, las empresas involucradas continúan operando o se reorganizan bajo otras figuras societarias.
El caso COMARSA se encuentra en etapa judicial, pero los vecinos de la zona y las organizaciones ambientalistas reclaman que se avance con medidas cautelares urgentes y que se investigue la posible complicidad de funcionarios públicos. La tolerancia cero que se pregona en discursos oficiales contrasta con la realidad de expedientes que se estancan durante años.
Desde el ámbito tecnológico y regulatorio argentino, el episodio deja varias preguntas abiertas. ¿Son suficientes las tecnologías de monitoreo remoto y los sensores instalados en Vaca Muerta para detectar irregularidades a tiempo? ¿Por qué los sistemas de alerta temprana no dispararon sanciones inmediatas? ¿Qué rol juegan las certificaciones ambientales que supuestamente controlan estas operaciones?
Mientras el país apuesta fuertemente al desarrollo de Vaca Muerta como motor económico —con exportaciones de gas y petróleo que ya se proyectan en miles de millones de dólares—, el costo ambiental sigue siendo externalizado. El caso de COMARSA no es solo una historia de una empresa que defraudó; es la muestra de un modelo que, hasta ahora, ha priorizado la producción por sobre la rendición de cuentas.