Organismos de DDHH apelan para que la Justicia obligue a la SIDE a entregar archivos de la dictadura
El CELS, Memoria Abierta y Abuelas de Plaza de Mayo presentaron una apelación contra el fallo que avaló el incumplimiento de la SIDE. Buscan que se ordene la desclasificación total de la documentación del período 1976-1983.
Tres organismos de derechos humanos –el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Memoria Abierta y Abuelas de Plaza de Mayo– apelaron la sentencia del juez Walter Lara Correa que, si bien reconoció la pertinencia del reclamo, no obligó a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a entregar la información desclasificada sobre el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.
El pedido original fue presentado en mayo de 2025. La SIDE respondió de manera parcial, vaga y contradictoria, lo que derivó en una acción de amparo. El fallo del juez Lara Correa avaló el incumplimiento y ahora la apelación está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Durante décadas se sostuvo oficialmente que la SIDE no conservaba documentación vinculada a la última dictadura militar. Sin embargo, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a cargo de Cristina Camaño entre 2019 y 2023 reveló la existencia de un acervo significativo: cerca de 250 mil fichas de la Comisión de Antecedentes, legajos del personal y sumarios que permitieron reconstruir parte del funcionamiento represivo, como en los casos de Automotores Orletti y la Casa Bacacay.
Pese a esa documentación, nunca se puso a disposición pública la totalidad del material. Con el actual gobierno, las políticas de memoria, verdad y justicia sufrieron un claro retroceso y la reforma de la ley de inteligencia nacional por DNU complicó aún más el acceso. La SIDE argumenta que debe evaluar caso por caso si la entrega de documentos de hace 50 años compromete la seguridad nacional.
Esta resistencia se replica también en el ámbito judicial. En el juicio oral por los crímenes cometidos en los centros clandestinos Orletti y Base Pomar, la SIDE entregó documentación con tachaduras que impiden a las partes conocer la información completa. En los últimos días, el tribunal realizó la primera inspección ocular en Pomar, jornada que fue cubierta por La Retaguardia con fotos e entrevistas.
“Este tipo de respuesta implica un retroceso evidente respecto de la forma en que el PEN aportó información de la dictadura durante estas décadas en los juicios por el terrorismo de Estado y controvierte las decisiones que sostuvieron que la información sobre el funcionamiento del aparato represivo de la dictadura no puede ser en ningún caso secreta”, señalaron los organismos en el escrito de apelación.
El pedido tiene tres ejes concretos: acceder a toda la documentación producida o reunida por la SIDE entre 1976 y 1983 (tanto en su faz de inteligencia como administrativa), a las herramientas archivísticas generadas durante el proceso de ordenamiento entre 2019 y 2023 (inventarios, censos, cuadros de clasificación e informes), y precisiones sobre los anuncios del Presidente respecto de la desclasificación y transferencia de archivos al Archivo General de la Nación.
Según los organismos, la SIDE primero no contestó en tiempo y forma, luego entregó respuestas aisladas y contradictorias que no abordaron cada punto solicitado. Por eso recurrieron a la vía judicial.
La resolución de la Cámara será clave para determinar si el Poder Judicial obliga a la SIDE a cumplir con la entrega completa de estos archivos, considerados fundamentales para avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia.