El Gobierno definió en qué podrán invertir los fondos del FAL y fijó límites para las carteras
La Resolución 1276/2026 establece las pautas de inversión del Fondo de Asistencia Laboral, permitiendo colocaciones en títulos públicos, depósitos y obligaciones negociables con límites claros para reducir riesgos.
El Gobierno nacional publicó este miércoles la Resolución 1276/2026 que establece con precisión en qué activos podrán invertirse los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y define límites máximos para cada tipo de instrumento con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar liquidez.
Según el texto oficial, los fondos del FAL podrán destinarse a la compra de deuda del Estado nacional, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, depósitos a plazo en entidades bancarias y obligaciones negociables emitidas por empresas privadas. La norma busca dar mayor previsibilidad a la administración de este fondo, que se nutre de aportes obligatorios de empleadores y se utiliza para pagar indemnizaciones y asistencias en casos de despidos o crisis laborales.
La resolución fija un esquema de diversificación de carteras. No más del 60% de los recursos podrá estar invertido en títulos públicos nacionales, mientras que la exposición a deuda provincial o de CABA no podrá superar el 25%. Los depósitos bancarios tendrán un tope del 30% y las obligaciones negociables privadas quedan limitadas a un 15% del total de la cartera.
Estas restricciones buscan evitar concentraciones excesivas y garantizar que el Fondo mantenga liquidez suficiente para responder a demandas imprevistas del mercado laboral. Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron que la medida responde a la necesidad de actualizar las reglas de inversión que databan de hace varios años y no reflejaban el actual contexto macroeconómico.
En términos prácticos, la norma habilita a las administradoras del FAL a buscar rendimientos por encima de la inflación en instrumentos de bajo riesgo, sin exponer los recursos a volatilidades innecesarias. Para las pymes, que son las principales aportantes al fondo, esto implica mayor seguridad sobre el destino de sus contribuciones.
La resolución también obliga a realizar revisiones trimestrales de las carteras y establece mecanismos de reporte al Ministerio de Economía. Se espera que los primeros ajustes en las inversiones se concreten durante el último trimestre de 2026.
Con esta medida, el Gobierno busca equilibrar rentabilidad y prudencia en la administración de un fondo clave para el amortiguamiento de crisis laborales, en un año marcado por la recomposición del empleo registrado y la evolución de la actividad económica.
