El Gobierno acelera la privatización de 2.500 km de rutas nacionales: se conocerán las ofertas el lunes

El Gobierno nacional avanzó esta semana con el proceso de concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas que forman parte de la red vial troncal del país. Según confirmaron fuentes oficiales, el lunes se conocerán las ofertas económicas presentadas por los consorcios privados interesados en hacerse cargo de cuatro tramos específicos que cruzan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Este movimiento forma parte de la estrategia de desestatización de la infraestructura vial que el Ejecutivo viene impulsando desde el inicio de la gestión. La idea central es transferir la operación, el mantenimiento y la ampliación de estas vías al sector privado, con el argumento de que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para sostener el nivel de inversión que requieren.

Los cuatro tramos en juego

Los corredores licitados incluyen:

• El tramo que une Buenos Aires con Rosario, uno de los más transitados del país.
• La conexión entre Rosario y Córdoba, eje fundamental del corredor bioceánico.
• El ramal que va desde Córdoba hacia San Luis y Mendoza.
• Y el sector que atraviesa La Pampa y parte de Buenos Aires.

En total, son más de 2.500 kilómetros que hoy están bajo la órbita de Vialidad Nacional y que pasarían a manos de empresas o uniones transitorias de empresas (UTEs) que se comprometan a realizar obras de mejora, instalar sistemas de cobro electrónico y mantener las rutas en condiciones.

Cómo será el proceso

El lunes, en un acto que se espera con atención tanto en el sector vial como en el mercado financiero, se abrirán los sobres con las propuestas. Se espera que participen grupos locales con experiencia en concesiones anteriores (como los que ya operan otras rutas del país) y posiblemente algunos jugadores internacionales.

Desde el Ministerio de Infraestructura indicaron que los pliegos contemplan plazos de concesión de entre 15 y 30 años, según el tramo, y que las empresas deberán comprometerse a realizar inversiones millonarias en repavimentación, seguridad vial y tecnología.

El debate que genera

La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una discusión clásica en la Argentina: si es mejor que el Estado administre directamente las rutas o si conviene delegar esa tarea en el sector privado a cambio de peajes y cierta regulación.

Quienes apoyan la medida sostienen que la experiencia de las concesiones de los '90 y de los 2000 mostró mejoras en la calidad de las rutas y menor siniestralidad. Los críticos, en cambio, advierten sobre el riesgo de tarifazos, la posible falta de inversión en tramos menos rentables y la necesidad de un fuerte control estatal para que las ganancias no terminen siendo excesivas.

Por ahora, el Gobierno parece decidido a seguir este camino. El lunes, cuando se conozcan las ofertas, se sabrá qué interés real despertó la propuesta entre los privados y cuál es el valor que el mercado le asigna a estas rutas nacionales.

El detalle final de las condiciones de cada concesión y los nombres de los oferentes serán clave para entender hacia dónde se encamina la política vial del país en los próximos años.