El caso Mariela Ramírez: una condena que criminaliza el cuidado y olvida al Estado

El 17 de agosto de 2026, el Tribunal Penal Nº 1 de Posadas condenó a Mariela Ramírez a 16 años de prisión por la muerte de su hija Rocío Belén López, ocurrida en 2013. La adolescente de 15 años padecía Síndrome de Rett, una enfermedad neurológica grave que genera dependencia total en los cuidados. La sentencia, firmada por los jueces Gustavo Bernie y Miguel Mattos, ordenó su inmediata detención, mientras la jueza Viviana Cukla votó por la absolución.

Según la fiscalía, la causa de la muerte no fue solo la enfermedad, sino una cadena de omisiones: Belén presentó signos de desnutrición, deshidratación y lesiones por inmovilidad prolongada. Habría pasado al menos siete días sin alimentación, agua ni abrigo adecuados, y su estado se agravó en apenas diez días bajo el cuidado exclusivo de su madre. La acusación pidió inicialmente prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo mediante conducta omisiva.

La defensa, en cambio, destacó la complejidad extrema de alimentar y cuidar a una persona con Síndrome de Rett y cuestionó que toda la responsabilidad recaiga sobre una sola mujer. Pidió analizar el caso con perspectiva de género, algo que también reclamó el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros a través de un amicus curiae.

Esta organización advirtió que el proceso estuvo atravesado por estereotipos de género, sesgos de clase y un profundo desconocimiento de la discapacidad. “El cuidado de una persona con discapacidad no puede ser considerado una responsabilidad exclusiva de su madre ni de su familia. El Estado también tiene obligaciones concretas de protección, asistencia y provisión de apoyos”, señalaron.

“Esta sentencia nos avergüenza”, afirmó el Equipo Misionero. Consideran que se convirtió en un grave precedente que criminaliza los cuidados realizados en condiciones de vulnerabilidad. Refuerza, según ellos, la idea de la “buena madre” que debe poder con todo, sin importar sus condiciones materiales, laborales o la falta de redes de apoyo.

Mariela Ramírez declaró durante el debate: “Hice todo lo que pude con lo que tenía. Siempre cuidé a mi hija como pude”. Sin embargo, el proceso eligió enfocarse en la figura de la “mala madre”, sin dimensionar adecuadamente su contexto de extrema vulnerabilidad económica y la ausencia de políticas públicas suficientes.

Trece años después de la muerte de Belén, la familia primero sufrió la pérdida, luego la sospecha, la investigación, la exposición pública y ahora el castigo penal. “El Estado vuelve a intervenir, pero no para reparar las ausencias ni para garantizar derechos, sino para condenar”, denunció la organización.

El caso deja preguntas abiertas: ¿qué apoyos existían para Mariela? ¿Qué responsabilidad le correspondía al Estado en la provisión de cuidados para una adolescente con discapacidad compleja? ¿Por qué toda la carga terminó depositada sobre una sola mujer en situación de vulnerabilidad?

Según informó Canal Abierto, criminalizar los límites de quien cuidó en condiciones de extrema precariedad no es hacer justicia. Es convertir la desigualdad estructural en delito. El Estado no puede abandonar a las personas que sostienen cuidados y luego castigarlas por no haber podido hacerlo todo solas.

Este fallo genera preocupación en organismos de derechos humanos porque podría sentar un precedente peligroso para miles de mujeres y familias que diariamente sostienen el cuidado de personas con discapacidad sin los recursos ni los apoyos estatales necesarios. La perspectiva de género y discapacidad, ausente en la mayoría del tribunal, era fundamental para un análisis justo.