Dos perpetuas y tres condenas en Neuquén por crímenes de lesa humanidad en La Escuelita

El Tribunal Oral Federal N°1 de Neuquén condenó esta mañana a dos exmilitares a prisión perpetua y a otros tres exintegrantes de las fuerzas de seguridad a penas de cumplimiento efectivo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, ambos exintegrantes del Ejército vinculados a estructuras de Inteligencia, recibieron la pena máxima. El exgendarme Emilio Sacchitella fue condenado a cinco años de prisión, mientras que los exmilitares Carlos Carretto y Hugo Renes recibieron cuatro años cada uno. El tribunal absolvió al expolicía rionegrino Miguel Ángel Ferrari y declaró extinguida la acción penal respecto del exgendarme Miguel Cil, quien se suicidó durante el transcurso del juicio.

La causa, conocida como el noveno tramo del juicio “La Escuelita”, abordó diecisiete casos ocurridos entre 1976 y 1979 en localidades de Neuquén y Río Negro como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Bariloche, Catriel, Plottier, Neuquén capital, Cipolletti y J.J. Gómez. Los acusados fueron imputados por el homicidio de las desaparecidas Leticia Veraldi y Carmen Delard, el asesinato de José Luis Appel de la Cruz y Juan Raúl Pichulmán, y las torturas sufridas por otras 14 personas.

Según informó Canal Abierto, la investigación reconstruyó la actuación coordinada de Ejército, Gendarmería, fuerzas policiales y organismos de Inteligencia. Si bien el debate volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del centro clandestino de detención La Escuelita, quedó claro que el circuito represivo se extendió mucho más allá de ese lugar e involucró dependencias estatales de ambas provincias patagónicas.

La lectura del veredicto se realizó en el salón de la Asociación Mutual Universitaria del Comahue, en Neuquén capital. La fiscalía había solicitado penas más duras, pero el tribunal resolvió por mayoría en varios puntos. Las defensas de los represores habían reclamado la absolución de todos los imputados. De los ocho represores que llegaron originalmente al debate oral, solo seis alcanzaron la instancia final: uno murió durante el proceso y otro fue apartado por razones de salud.

Este fallo se suma a una larga lista de condenas por delitos de lesa humanidad en la región. El caso vuelve a poner en evidencia cómo el terrorismo de Estado operó de manera sistemática en el interior del país, con centros clandestinos y una red de complicidades que involucraba a distintas fuerzas de seguridad.

Los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos siguieron la audiencia con atención. Para ellos, cada condena representa un paso más en la búsqueda de justicia y memoria, más de cuarenta años después de los hechos.