Del surtidor al supermercado: el costo real de la desregulación de los combustibles

Desde diciembre de 2023, la desregulación del mercado de combustibles junto a la fuerte devaluación inicial del gobierno de Javier Milei transformó el precio de la nafta y el gasoil en uno de los principales impulsores del aumento del costo de vida en Argentina.

Según un informe de la Fundación Encuentro titulado El tanque que paga el ajuste, la combinación de una devaluación del 54% y la liberación de precios permitió que los incrementos se trasladaran directamente a los surtidores. A esto se sumaron las actualizaciones de los impuestos específicos, lo que derivó en un aumento acumulado del 558% en el precio de la nafta, muy por encima de la evolución de los salarios.

Llenar un tanque de 50 litros cuesta hoy más de $100.000. Un salario privado promedio perdió, en términos de poder de compra, el equivalente a 10 tanques de combustible respecto de fines de 2023. El estudio reconstruye la evolución del mercado desde la devaluación y concluye que la nafta se convirtió en un motor clave de la inflación.

El impacto no se limita a los dueños de autos. Como el transporte de mercaderías en el país depende casi exclusivamente del camión, el encarecimiento del gasoil se traslada directamente a los precios de los alimentos y de gran parte de los bienes de consumo. Según el informe, este factor puede aportar hasta 2,5 puntos a la inflación anual.

Uno de los puntos más cuestionados es el criterio de fijación de precios internos. Argentina produce más petróleo que nunca en su historia. La producción de Vaca Muerta creció un 47% en un año y las refinerías operan al límite de su capacidad instalada. Sin embargo, los precios internos se fijan como si el país dependiera de importaciones.

“El argentino paga como si el combustible viniera de afuera”, resume el estudio de Fundación Encuentro.

Otro aspecto que vuelve a generar polémica es el destino del impuesto a los combustibles, destinado en teoría a financiar infraestructura vial. La semana pasada, el vocero presidencial Adrián Ravier evitó precisar el uso de los $1,5 billones recaudados, luego de que se conociera que una parte importante permanece colocada en instrumentos financieros.

De acuerdo con los cálculos de la Fundación, con esos recursos no utilizados se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas nacionales.

El informe pone en evidencia una paradoja: mientras el país bate récords de producción petrolera, el ajuste se traslada al bolsillo de los consumidores y al precio de la canasta básica. La desregulación, pensada para atraer inversiones y eliminar distorsiones, terminó funcionando como un impuesto indirecto que afecta tanto a quien llena el tanque como a quien compra en el supermercado.