Condenaron a 16 años de prisión a Gonzalo “Chispa” Sánchez por crímenes de lesa humanidad en la ESMA

El Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó el pasado miércoles al ex oficial de inteligencia de la Prefectura Naval Gonzalo “Chispa” Sánchez a 16 años y 8 meses de prisión por ser coautor de 178 secuestros y desapariciones forzadas cometidas en el centro clandestino de detención de la ESMA entre diciembre de 1976 y diciembre de 1978.

Sánchez era el único imputado en el juicio ESMA IX, que sufrió varias dilaciones. Los jueces consideraron que los hechos investigados constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles. El fallo fue unánime.

El represor permaneció prófugo durante 15 años y fue detenido en Paraty, Brasil, en 2020. Desde entonces estuvo detenido y, por ahora, cumplirá la condena en la unidad penal de Campo de Mayo. La lectura de los fundamentos del fallo se prevé para octubre.

La querella unificada, integrada por el CELS y el abogado Pablo Llonto en representación de familiares de víctimas, había solicitado 25 años de prisión. Por eso, Abuelas de Plaza de Mayo expresó un “sabor agridulce” con la pena dictada, recordando que el rol de Sánchez en la ESMA era muy claro y que huyó dos veces de la Justicia.

Según las pruebas presentadas, durante 1977 Sánchez actuaba como enlace entre la Prefectura Naval y la Armada. Decenas de sobrevivientes lo identificaron en operativos de secuestro, durante sesiones de tortura y en distintos sectores del centro clandestino como el sótano, la “capucha”, “el dorado” y “la pecera”. También lo ubicaron trasladando detenidos a quintas y domicilios particulares, y comentando sobre métodos de exterminio, entre ellos los denominados “vuelos de la muerte”.

El caso está vinculado además al secuestro del escritor y periodista Rodolfo Walsh. Sánchez integró la patota que lo capturó el 25 de marzo de 1977 en San Cristóbal, un día después de que escribiera su célebre “Carta Abierta a la Junta Militar”. Durante el juicio, Patricia Walsh, hija del periodista, reconstruyó el operativo y el desamparo posterior. Relató cómo al día siguiente viajó con su familia y Lilia Ferreyra a la casa de San Vicente, donde hallaron la vivienda destruida, saqueada y baleada. Los represores se llevaron documentos, el auto de Lilia y hasta un cuento inédito de Walsh titulado “Juan se iba por el río”.

“Además de genocidas, fueron ladrones”, señaló Patricia Walsh. En un pasaje emotivo, le preguntó al imputado —quien en una audiencia anterior se presentó como pastor evangélico— si no creía que las personas tienen derecho a la sepultura, en alusión a los cientos de desaparecidos que aún hoy no tienen un lugar de entierro.

De los 178 casos investigados, 19 se vinculan a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. La propiedad de San Vicente donde Walsh fue secuestrado continúa en manos de la familia de uno de los policías que participó del operativo. Existen proyectos para expropiarla y convertirla en Sitio de Memoria.

El veredicto se produce en un contexto donde la memoria, la verdad y la justicia siguen siendo pilares de la democracia argentina, a casi 50 años del golpe de 1976. Organizaciones de derechos humanos continúan reclamando condenas proporcionales al horror cometido en centros como la ESMA.