Comunidades mapuche irrumpen en el Neuquén Day y exigen respuestas a Figueroa tras violento desalojo

El pasado 19 de agosto, las comunidades mapuche Kinxikew y Melo, que habitan tierras entre Villa La Angostura y Bariloche, fueron desalojadas de manera violenta por orden del juez Francisco Bonorino. El desalojo se produjo a pesar de que las lof cuentan con el relevamiento territorial previsto por la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que prohíbe este tipo de acciones, y mientras mantenían un diálogo abierto con las autoridades provinciales de Neuquén.

el pasado lunes 24 de agosto, autoridades de las comunidades se trasladaron hasta el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se realizaba el Neuquén Day, un evento destinado a promocionar el “potencial productivo” de la provincia ante inversores. Allí interceptaron a la senadora nacional Julieta Corroza, exministra y referente del oficialismo neuquino, para exigir explicaciones.

Amancay Quintriqueo, lonko de la comunidad, confrontó directamente a la legisladora. Mientras Corroza insistía en que siempre hubo “buena predisposición al diálogo”, incluso por parte del gobernador Rolando Figueroa, Quintriqueo respondió señalando la presencia intimidante de la Policía provincial (GEOP) y Gendarmería en el territorio. La senadora intentó desligar responsabilidad hacia el gobierno nacional, aunque la fuerza provincial participó del operativo.

Figueroa, por su parte, declaró durante el evento que Neuquén es un lugar “libre de conflictos” donde se construye “la paz social”, en un contraste evidente con lo que ocurría fuera del auditorio. La reunión prometida con el gobernador nunca se concretó.

Al salir del evento, las autoridades mapuche realizaron una conferencia de prensa. Quintriqueo relató que el desalojo fue parcial y que las familias continúan resistiendo en el territorio bajo vigilancia de fuerzas federales. Denunció además la humillación sufrida y el rol de terratenientes ajenos a la causa que prestaron camionetas para trasladar las pertenencias de la comunidad.

“El gobernador me vio, se incomodó y se fue”, contó la lonko. Afirmó que solo pudo intercambiar palabras con Corroza y el jefe de ministros, sin obtener respuestas concretas. “Quiero que dejen tranquilas a las comunidades, y en todo caso, la provincia tendrá que restituir tierras a los privados que reclaman”, planteó.

La situación jurídica de los títulos dominiales tampoco está clara: los Broers, familia de origen belga que denunció la supuesta usurpación, no figuran en los registros como propietarios, y circulan rumores sobre una posible venta a una sociedad anónima.

Quintriqueo contextualizó el caso dentro de un patrón nacional de “desalojos exprés” que avanzaron con la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. “Hay un ensañamiento muy grande, esto se logró muy rápido, evidentemente hubo una bajada de línea”, denunció.

Uno de los temores centrales de las comunidades es el destino final de estas tierras. “Tenemos cuencas de agua que bajan directo al Nahuel Huapi y estamos resguardando el brazo Huemul”, explicó. Sospechan que el interés detrás de los desalojos podría estar vinculado a la instalación de data centers para el desarrollo de inteligencia artificial, que requieren grandes volúmenes de agua y energía.

“ No sabemos bien qué quieren pero obviamente vienen por nuestra agua y por el territorio”, advirtió la lonko. El caso vuelve a poner en debate la tensión entre el reconocimiento de derechos indígenas, la presión de sectores terratenientes y los proyectos de inversión vinculados a las nuevas tecnologías en la Patagonia.