Freno a la privatización de AySA: la Justicia blindó el acceso al agua potable y giró la causa al fuero

La Cámara de Apelaciones de La Plata ratificó este miércoles 9 de septiembre de 2026 una medida cautelar que frena la privatización de AySA y blindó, de momento, el acceso al agua potable para millones de bonaerenses.

El fallo responde a un planteo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y, además, decidió girar la causa al fuero federal. De esta manera, se impide al Gobierno nacional reducir los estándares sanitarios y ambientales a solo una semana de la apertura de sobres de la licitación internacional.

La decisión judicial mantiene intactos los controles de calidad del servicio que presta la empresa estatal, que abastece de agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según los argumentos de la Defensoría, cualquier baja en esos estándares pondría en riesgo la salud pública y el medio ambiente.

Este freno llega en un momento clave: la licitación para concesionar el servicio estaba prevista avanzar en los próximos días. La cautelar no solo suspende el proceso sino que obliga a mantener los niveles actuales de tratamiento y control, algo que los privados podrían haber intentado flexibilizar para mejorar su rentabilidad.

Desde el ámbito técnico, el caso pone en evidencia la tensión entre la búsqueda de inversión privada en infraestructura hídrica y la garantía de un servicio esencial. En Argentina, donde el acceso al agua potable aún presenta desigualdades entre el AMBA y el interior, cualquier modificación en los parámetros sanitarios puede tener impacto directo en la vida cotidiana de las familias.

La causa ahora pasa al fuero federal, donde se analizará de fondo la constitucionalidad de la privatización y su compatibilidad con el derecho humano al agua, reconocido tanto en normativa nacional como en tratados internacionales que el país ha ratificado.

El fallo de la Cámara platense es claro en señalar que el acceso al agua no puede quedar supeditado a criterios exclusivamente económicos. Representa un límite judicial a la idea de desregular sin miramientos un servicio básico para la salud pública.